Cientos de mujeres se congregaron en San Salvador para exigir la despenalización del aborto y para rechazar la decisión de Nayib Bukele de eliminar la perspectiva de género de los programas escolares.
El aborto en El Salvador está penalizado desde 1998
Cientos de mujeres salvadoreñas marcharon este viernes 8 de marzo para pedir por la despenalización del aborto y exigirle al gobierno de Nayib Bukele dar marcha atrás con la decisión de retirar la perspectiva de género de los programas escolares.
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En el marco del Día internacional de la Mujer, manifestantes vestidas con remeras violetas y amarillas se congregaron en un parque de San Salvador bajo el lema: "Nuestros derechos no se negocian, se respetan". En El Salvador, el aborto y las urgencias obstétricas son castigadas como un crimen, desde que fue prohibido en 1998. El castigo para la mujer que lleve adelante un aborto es de dos a ocho años de cárcel, aunque se suele caratular como homicidio agravado, lo que puede elevar la pena de 30 a 50 años de prisión.
"La penalización absoluta del aborto sigue condenando a cientos de mujeres a poner en riesgo su salud y vida, obligando a muchas niñas y mujeres a esperar embarazos impuestos", reza el documento que fue leído por los altavoces en la manifestación. En los últimos 10 años, 73 mujeres fueron acusadas de "homicidio agravado" por abortos, pero todas fueron liberadas gracias a las gestiones de ONGs, como lo es la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. "Debe de haber una protección en el tema del aborto", comentó Nayarit Alvarado, de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, y señaló que no se pueden criminalizar a niñas y jóvenes.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, había mostrado en 2018 -antes de convertirse en presidente- interés por despenalizar el aborto, cuando declaró: "en el tema del aborto, únicamente estamos de acuerdo cuando esté en riesgo la vida de la madre”. Hoy, ya como jefe de Estado del país centroamericano, ha mostrado todo lo contrario, e incluso llegó a decir que se trataba de un genocidio.
En 2013, Beatriz, una mujer de 22 años diagnosticada con lupus, la cual ya había sobrevivido a un embarazo, recibió la noticia de que estaba embarazada de su segundo hijo. No obstante, se le advirtió a Beatriz que podía llegar a fallecer de seguir adelante. Fue entonces que la joven presentó una demanda de amparo para recibir un aborto, el cual no le fue concedido y se la sometió a una cesárea. La hija de Beatriz falleció a las cinco horas de haber nacido. Fue así, que este caso se convirtió en un emblema de la lucha feminista en El Salvador.
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