Los principales líderes demócratas y republicanos del Senado de EEUU, bajo fuertes presiones políticas, lograron hoy un acuerdo para reanudar el próximo lunes el estancado debate sobre la mayor reforma migratoria del país desde 1986.
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El acuerdo, pactado entre el líder de la mayoría republicana, Bill Frist, y el de la minoría demócrata, Harry Reid, coincide con una militancia sin precedentes de la comunidad hispana de Estados Unidos en la lucha por una reforma migratoria integral.
En el pleno del Senado, ambos reconocieron que, ante el clima político actual en el Congreso, el camino hacia la reforma migratoria es tortuoso, pero remacharon que trabajan "de buena fe" para lograrla.
"Ha sido muy, muy difícil para ambos y cuanto más tiempo pasaba, después del receso, más se dificultaba", dijo Reid, quien fue objeto de acusaciones de obstruccionismo por parte de los republicanos.
Frist consideró que el acuerdo permitirá un debate digno en el que el Senado podrá pronunciarse "sobre un tema difícil en el que no hay muchas respuestas claras".
En el centro del debate estará un plan con el que se pretende conseguir una mayor vigilancia en la frontera con México y la legalización de buena parte de la población indocumentada que reside en EEUU, mediante un programa de trabajadores temporales.
La idea de los senadores es llevar a votación el plan de reforma migratoria antes de que finalice el actual mes de mayo.
Cualquier proyecto de ley que sea aprobado en el pleno del Senado tiene que ser homologado con el que aprobó la Cámara de Representantes, más punitivo contra los inmigrantes clandestinos, en diciembre pasado.
Jim Manley, portavoz de la oficina de Reid, explicó que el acuerdo permitirá que 14 republicanos y 12 demócratas -de entre ellos, siete y cinco, respectivamente, del Comité Judicial del Senado- participen en el eventual proceso de armonización bicameral.
"El senador Reid está contento con el acuerdo y espera poder debatir el proyecto", agregó.
Frist, que en un principio sólo favorecía medidas para recrudecer la vigilancia fronteriza, ha dicho que los republicanos prevén introducir un número considerable de enmiendas.
"Tendremos que esperar a ver qué sucede en el Senado, pero, si de entrada ya quieren diluir el proyecto con enmiendas que no sean favorables a los inmigrantes, entonces es mejor retomar la batalla con un nuevo Congreso el próximo año", dijo el abogado José Pertierra, especializado en problemas de inmigración.
La discrepancia sobre la cantidad y contenido de las enmiendas fue lo que propició una pugna partidista y torpedeó el debate sobre inmigración en el Senado el pasado 7 de abril.
En esa ocasión, los senadores no lograron cerrar el debate sobre un acuerdo bipartidista, promovido por los republicanos Chuck Hagel y Mel Martínez, para legalizar a buena parte de los cerca de doce millones de inmigrantes indocumentados que se calcula viven en Estados Unidos.
El senador demócrata Edward Kennedy, uno de los promotores de la reforma migratoria, consideró el acuerdo de hoy como "un paso clave en nuestra lucha a favor de una reforma dura pero justa".
Agregó que los líderes religiosos, empresariales, sindicales y la opinión pública en general apoyan un plan bipartidista que fortalezca la seguridad fronteriza, abra una vía hacia la legalización y eventual ciudadanía de ciertos inmigrantes indocumentados, y establezca un programa de trabajadores temporales.
El problema de la inmigración ilegal se perfila como una de las principales preocupaciones de los estadounidenses, según las encuestas de opinión, y ha causado el atrincheramiento de las posiciones a favor y en contra de la legalización de indocumentados.
Por un lado, están los grupos cívicos que, apoyándose en estudios sobre los aportes positivos de los inmigrantes, exigen la legalización de los indocumentados.
Por otro, hay grupos, como el "Proyecto Minuteman", que piden que se estreche el cerco a los inmigrantes clandestinos, y ese mismo mensaje repetirán algunos mañana jueves ante el Capitolio.