Empeora Bolivia: se traslada a las calles enfrentamiento con oposición para gobernar

Evo Morales participa de bailes típicos de la colectividad aimara en Huarina, donde llamó a sus seguidores a manifestarse contra la «conspiración» opositora.

La Paz (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - El gobierno del líder indígena Evo Morales y la oposición amenazaron con llevar a las calles a partir de hoy su confrontación en la Asamblea Constituyente, que no ha logrado consensuar su reglamento de debates en su primer mes de sesiones.

En discursos pronunciados en áreas rurales durante el fin de semana, Morales pidió a los movimientos indígenas, sociales y sindicales que lo respaldan que se declaren «en emergencia» para defender el cambio de la Constitución y la nacionalización de los hidrocarburos.

Según el presidente boliviano, hay una «conspiración» opositora para que fracasen esas dos banderas fundamentales de su gobierno, y los sectores populares deben movilizarse para impedirlo, con el apoyo de los militares.

«Compañeros y compañeras, frente a lo que está pasando en Sucre -capital oficial del país y sede de la Asamblea-, es necesario que todos nos declaremos en estado de emergencia», dijo Morales el sábado en Huarina, pueblo del norte del departamento de La Paz, según la agencia oficial «ABI».

«Sólo con las fuerzas armadas y las movilizaciones sociales vamos a recuperar todos los recursos naturales, no solamente los hidrocarburos -continuó-. La mejor garantía es el pueblo organizado legítimamente junto con las fuerzas armadas».

La oposición abandonó la Asamblea cuando el oficialismo aprobó el viernes, en primera instancia, que se tomen decisiones por mayoría, en vez de los dos tercios que fija la legalidad vigente, y hoy se reunirá en la ciudad de Santa Cruz para analizar la convocatoria de huelgas y otras protestas.

La oposición se alió con gobernadores y comités cívicos de departamentos que reclaman más autonomía, sobre todo en el oriente y en el sur tropical del país, y en este encuentroestudiarán cómo hacer frente a lo que califican de intento de Morales de romper la legalidad vigente para dar un «autogolpe».

El vicepresidente del ComitéCívico del departamento oriental de Santa Cruz, el más próspero de Bolivia, Germán Castedo, declaró a medios locales que se estudia la posibilidad de convocar a una huelga indefinida.

Ausencia

Alberto Melgar, líder cívico del departamento norteño de El Beni, dijo que no descarta la huelga y que los constituyentes de esa región estarán hoy en la cita de Santa Cruz y no en las sesiones de la Asamblea.

Por su parte, el constituyenteoficialista Raúl Prada advirtió que «la Asamblea va a seguir funcionando sin ellos», en referencia a los opositores, que hasta ahora no han anunciado un retiro definitivo.

Con un tono más conciliador,el asambleísta opositor Guillermo Richter pidió postergar la sesión de la Constituyente prevista para hoy, porque quiere «restablecer una línea de diálogo y que se descargue el clima de tensión».

«Volveremos a las sesiones de la Asamblea con la finalidad de dejar sin efecto el reglamento de debates, porque para aprobarlo no se cumplió la normativa mínima», agregó Richter, del derechista Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

Aparte del MNR, que tiene 18 asambleístas, abandonaron la Constituyente los 60 de la alianza conservadora Poder Democrático y Social ( Podemos) y ocho de la centrista Unidad Nacional (UN). El MAS tiene 137 de los 255 constituyentes, y el resto se reparte entre una decena de partidos menores.

Ante este panorama cada vez más turbio, la prensa local tituló que la Asamblea está «en coma» o «en el limbo», advierteque peligra la unidad del país y, junto con la Iglesia católica, pide cordura y reflexión.

Relevo

La semana que terminó, con huelgas, manifestaciones y bloqueos de movimientos regionales, transportistas, educadores y otros sectores, fue una de las más difíciles para Morales desde que asumió el poder el pasado 22 de enero.

El lunes tuvo que relevar al principal ejecutivo de la petrolera estatal YPFB, Jorge Alvarado, acusado de firmar un contrato ilegal, y el viernes se anunció que su popularidad cayó de 81 a 61% en los últimos meses.

La única noticia buena de Morales esta última semana fue que Repsol YPF, Petrobras y Total pagaron los primeros 32,3 millones de dólares de un impuesto creado con la nacionalización de mayo, que todavía no fue concretada en varios puntos clave.