Madrid (AFP)-. La justicia española lanzó órdenes de detención contra 46 miembros de organizaciones independentistas vascas presuntamente afines a la organización separatista armada vasca ETA, 23 de las cuales fueron detenidas ayer.
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Estas órdenes de detención marcan una nueva etapa en la ofensiva judicial lanzada en junio pasado después de que ETA anunciara la ruptura del alto el fuego permanente que había decretado en marzo de 2006, sellando así el fracaso de una negociación con el gobierno socialista español.
El juez español Baltasar Garzón encarceló a mediados de octubre a la mayor parte de los miembros de la dirección de Batasuna, brazo político de ETA, ilegalizado desde 2003.
Las personas afectadas por la orden de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, promulgada ayer, figuran entre los acusados del mayor proceso en España contra el entorno de ETA, celebrado entre noviembre de 2006 y marzo de 2007, y cuya sentencia deberá conocerse en breve.
Entre las 23 personas detenidas figuran cinco que deberán ser condenadas a penas que van de los 12 a los 18 años de prisión como dirigentes de la organización terrorista.
La Audiencia Nacional, tribunal antiterrorista, invocó el "riesgo de fuga" de los acusados para justificar las órdenes de detención, al acercarse la fecha del veredicto "probablemente el 10 de diciembre", precisaron.
Estos militantes pertenecen a un conglomerado de organizaciones vascas que actúan en el terreno político (Kas-Ekin), internacional (Xaki), mediático y cultural (diario Egin) o que promueven acciones de desobediencia civil (Fundación Joxemi Zumalabe).
Los cinco dirigentes son el responsable de Kas, Xabier Alegria (18 años de carcel), un abogado, Txema Matanzas (14 años), Juan Maria Mendizábal, de Kas (13 años), el ex propietario del diario Egin, Xabier Salutregui (12 años) y la responsable de la comunicacion de Xaki, Elena Beloki (13 años), precisó una fuente judicial a la AFP.
La fiscalía había considerado durante el proceso que estas organizaciones formaban parte del aparato político de ETA, responsable de 819 muertes en 39 años de lucha armada contra el Estado español por la independencia del País Vasco.
Según la tesis de Garzón, juez de instrucción de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, que llevó adelante el caso entre 1998 y 2002, ETA no habría podido sobrevivir y actuar sin estas organizaciones que forman su red de apoyo social.
Un responsable de las finanzas del movimiento Kas, Bixente Askasibar, había negado durante el proceso la existencia de una "caja única" para financiar todas las organizaciones de la izquierda independentista vasca, incluido ETA.
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