La Policía española liberó a siete jóvenes que habían sido llevados desde distintos países sudamericanos a la ciudad de Cádiz, la mayoría de ellos bajo la promesa de ser fichados por un club de fútbol, y que estaban siendo explotados sexualmente. Entre los liberados hay un argentino menor de edad.
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La organización desarticulada en la operación “Promises” enviaba captores a diferentes países de nuestra región con el objetivo de reclutar jóvenes en buena forma física.
Una vez contactados les prometían que cuando llegaran a España obtendrían contratos en clubes de fútbol.
Las víctimas incluso debían pagar el viaje a España, y según pudo investigar el periódico ABC, las familias de los siete jóvenes llegaron a pagar importantes intereses a prestamistas con tal de sacar el pasaje.
Una vez arribados a España, la organización los pasaba a buscar por el aeropuerto y los trasladaba hasta la ciudad de Cádiz, donde les retenían los pasaportes, les quitaban el dinero que llevaban y eran obligados a prostituirse.
Los jóvenes fueron encontrados en condiciones infrahumanas, y además de ser explotados sexualmente se veían obligados a mendigar para poder comer.
Ante esta situación, la alternativa que la organización les ofrecía era participar en un chat de contactos homosexuales, que era gestionado y controlado por el líder de la organización.
Los encuentros sexuales se producían en distintas localidades de la provincia de Cádiz, a las que el tratante llevaba a la víctima, permaneciendo en las inmediaciones hasta que el encuentro terminaba.
El caso trae a la memoria la red de prostitución de menores descubierta en 2018 en la pensión de Independiente, que a cambio de dinero los ofrecía a adultos en distintos departamentos del área metropolitana.
La fiscal María Soledad Garibaldi dijo entonces que a los chicos "los tentaban hasta con un par de botines o con canzoncillos tipo boxer".
El abuso y la prostitución de menores de las divisiones menores en el club de Avellaneda comenzó a ser investigada por una denuncia realizada por la propia institución, cuando uno de los chicos contó lo que había sucedido.
La Justicia investigó y detuvo a seis personas, entre ellas el exjuez de línea Martín Bustos, quienes luego fueron excarcelados cuando la Sala I de Lomas de Zamora cambió la carátula de "abuso sexual de menores" a "promoción a la corrupción de menores".
A la fecha, la fiscal aguarda la resolución de la apelación presentada ante la Cámara de Casación Penal, y probablemente luego envíe a juicio oral a Bustos y el resto de los acusados por los presuntos abusos.
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