Estalla ahora en Bolivia serio conflicto de poderes

Alvaro García Linera y Evo Morales, vicepresidente y presidente de Bolivia, respectivamente. La intención del gobierno de «refundar» el país es calificada por los otros poderes del Estado como un intento hegemónico y autoritario.

La Paz (EFE, AFP, Reuters) - La Corte Suprema de Bolivia afirmó ayer que la Asamblea Constituyente está obligada a cumplir con la Constitución actual, no puede considerarse plenipotenciaria y, por ello, no está en condiciones de disolver los poderes del Estado, en contra de lo que sostiene el gobierno del presidente Evo Morales.

La definición del máximo tribunal boliviano, que podría desatar un serio conflicto de poderes con la Constituyente y con el Poder Ejecutivo, añadió que lo que pretende Morales trastoca el orden legal y constitucional, y pone en riesgo la integridad nacional, la paz social y la seguridad del país.

La posición del máximo tribunal, que tiene su sede en la capital constitucional, Sucre, al igual que la Asamblea, fue difundida en un «pronunciamiento» escrito y en una rueda de prensa de su presidente, Héctor Sandoval.

El documento señala que «la Asamblea, al no tener un carácter fundacional, ni ser emergente de una revolución triunfante, no puede ser considerada originaria» (plenipotenciaria), debe ceñirse a su ley de convocatoria y «está forzada a cumplir con la actual Constitución».

La Corte contradijo así a Morales y a su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), que pretenden que la Asamblea tenga poderes sobre todas las demás instituciones estatales, en lo que la oposición ha calificado de «autogolpe».

Además, el oficialismo desconoce el mandato constitucional de que los cambios a la carta fundamental deben aprobarse por dos tercios de los votos, como prescribe también la ley de convocatoria del foro que Morales firmó en marzo pasado.

El carácter «originario, fundacional y plenipotenciario» de la Asamblea fue aprobado la semana pasada por la mayoría oficialista, sin acatar los dos tercios, en el primer artículo de un reglamentointerno que enfrenta desde hace dos meses a gobierno y oposición.

La Constituyente con la que Morales quiere «refundar Bolivia» se instaló el 6 de agosto y, hasta el martes, sólo había aprobado ese primer artículo del reglamento, que la Corte Suprema considera inconstitucional e ilegal.

El martes a la noche, sin embargo, ambas partes mostraron gestos de conciliación, tras la emotiva reincorporación de un constituyente pro gubernamental que había sufrido un accidente.

Opositores y oficialistas prometieron tratarse mejor y algunos se abrazaron, en una sesión inédita de la Asamblea que luego aprobó con dos tercios de los votos otros once artículos del reglamento, pero todos de carácter técnico, sin importancia política.

Mandato

Según la Corte Suprema, dado que no se puede aceptar el carácter originario de la Asamblea, ésta debe cumplir su mandato de redactar la nueva Constitución en un año, como máximo, para que luego sea ratificada en referendo.

A su juicio, si la Asamblea desacata la actual Constitución, « significará trastocar el orden legalmente constituido, subvertir el sistema social y democrático de derecho, poniendo en riesgo la integridad nacional, la paz social y la seguridad nacional».

Sandoval afirmó que el pronunciamiento no es político, sino estrictamente jurídico, en el marco del derecho constitucional.

«Estamos dando la voz de alerta, estamos defendiendo la institucionalidad del Poder Judicial, pero no tiene nada político, es totalmente jurídico, amparado en la Constitución», aseguró. Agregó, además, su preocupación por la posibilidad de que los actuales poderes del Estado desaparezcan, como anticipó el gobierno, cuando esté lista la nueva Constitución.

Además de la Corte Suprema y la oposición, se oponen al carácter plenipotenciario de la Asamblea los líderes políticos y cívicos de cuatro de los nueve departamentos bolivianos, que amenazan con no acatar la nueva Constitución si Morales fuerza que se apruebe de forma ilegal.

Pese a los emotivos gestos del martes a la noche por el retorno al foro del jefe de los constituyentes del MAS, el líder indígena Román Loayza, tras un mes de ausencia por un accidente, oficialistas y opositores ratificaron ayer sus discrepancias de fondo.

El principal partido opositor, Poder Democrático y Social (Podemos), reiteró su rechazo al carácter plenipotenciario de la Asamblea y su defensa de la aprobación de los cambios por dos tercios de los miembros.

El partido de Morales tiene 137 votos y cuenta con el apoyo de varios movimientos menores, lo que le da mayoría absoluta (128 de 255 constituyentes), pero sólo ocasionalmente y en asuntos menores ha logrado dos tercios (170).

«Mientras no se acepte que los dos tercios son el mínimo presupuesto para poder avanzar (los gestos de conciliación) no van a pasar de ser un espejismo, una anécdota», ratificó el jefe de los constituyentes de Podemos, Rubén Darío Cuéllar.