El desafío autonomista del departamento (provincia) más rico de Bolivia al gobierno central no es un rayo en un cielo sereno. El referendo por el cual Santa Cruz busca instalar de hecho el federalismo en un país unitario constituye el mayor reto para la gestión del presidente Evo Morales, pero en buena medida es resultado de iniciativas oficialistas que abrieron la puerta a los demonios.
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En diciembre de 2005 la elección del primer presidente aborigen fue vivida como la reivindicación histórica de una población mayoritaria siempre postergada en una Bolivia en la cual «indígena» era casi sinónimo de «indigente». Con casi 54% de los votos, el nuevo presidente tenía legitimidad para llevar adelante su programa de nacionalizaciones y de reforma agraria, sus principales promesas de campaña. De hecho, la estatización de los hidrocarburos, en mayo de 2006, fue bien recibida por los bolivianos.
Distinto fue el caso de la reforma constitucional. Modificar la ley de leyes exige consenso. Nunca puede ser obra de un solo partido, como finalmente sucedió.
En julio de 2006 hubo elecciones para constituyentes. El Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales obtuvo 51% de los votos, lo que le daba 137 congresales en un total de 255, lejos de los dos tercios que la ley firmada por el propio presidente exigía para las reformas. Y muy poco para la intención de «refundar» la Nación. Pero en vez de iniciar un diálogo con la oposición, el oficialismo no encontró mejor forma de sortear ese «obstáculo» que cambiar el reglamento: violando su propia ley, impuso que la reforma podía hacerse con mayoría de mitad más uno. Esto abrió un largo período de movilizaciones, paros, violencia en las calles y llamados a la «desobediencia civil» que culminó en noviembre de 2007 con la aprobación de la nueva carta magna exclusivamente por los congresales del MAS, encerrados en un cuartel militar y en medio de enfrentamientos que dejaron muertos y heridos.
En concreto, la carta magna de Evo Morales es tan ilegal como el estatuto autonómico de Santa Cruz.
Emulo
Muchos vieron en Morales a un émulo del presidente venezolano Hugo Chávez. Pero, al asumir, el mandatario boliviano agradeció los consejos del ex presidente Néstor Kirchner, quien le habría dicho: «Tenés que amasar poder de entrada». Traducido: agudizar las contradicciones, inventar antagonismos donde no los hay y, más en general, servirse de la crisis para acumular atribuciones y recursos en beneficio de la propia facción y en detrimento de la normalidad institucional. El contexto en el cual asumió Evo
Morales guardaba similitudes con la Argentina de 2001-2003: debilitamiento del Estado y de las instituciones, debacle económica y fragmentación social. Si se considera que en Bolivia todo reclamo sectorial es asimilado a un intento de golpe o secesión, que detrás de cualquier crítica opositora se ve la mano del «imperio» o si se recuerdan expresiones del presidente («las bases me piden armas») que atizan el conflicto en vez de apaciguarlo, parece que el consejo no cayó en saco roto. Es muy posible que haya tentaciones separatistas, así como motivaciones clasistas y racistas en ciertos sectores opositores, pero la respuesta no puede ser echar leña al fuego ni apelar a un racismo al revés, presente en muchos discursos oficiales.
Colocar lo étnico como elemento reivindicativo por encima de lo político o social es incurrir en otra forma del racismo que se cuestiona. La nueva carta magna -que aún debe ser aprobada por plebiscito- define a Bolivia como un «Estado plurinacional», concepto ambiguo y peligroso. Evo Morales pudo ser un Mandela, tendiendo puentes en un país dividido en dos: el alto, marginado y empobrecido; el llano, sojero y gasífero. Pero en vez de buscar la concordia, optó por la polarización que conlleva el riesgo de la fragmentación.
Tal vez no sea demasiado tarde. Los últimos llamados del presidente boliviano a la unidad nacional encienden una luz de esperanza.
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