Bolivia: el gobierno de Áñez acusa ahora a Evo Morales de preparar una revuelta armada

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El ejecutivo de facto decomisó 126.000 balas y dijo que eran para el MAS, el partido del expresidente, al que responsabiliza de planear "un golpe de Estado" a través de un "movimiento subversivo".

La Policía de Bolivia decomisó 126.000 balas, la requisa de municiones "más grande" en el país, informó este jueves el gobierno de facto de Jeanine Áñez, que aseguró que su destinatario está ligado al partido del exiliado expresidente Evo Morales.

"El día lunes una patrulla de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico hizo una requisa de un camión en la que se evidenciaron camufladas 126.000 balas calibre 22, transportadas hacia la ciudad de Santa Cruz (este) vía Chapare", la zona cocalera donde Morales emergió como líder, dijo el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa.

"Este es el decomiso más grande que se hizo en la historia de Bolivia", agregó y afirmó que, según las primeras investigaciones, el destinatario de las balas de fabricación mexicana era una persona ligada al Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales, refugiado en Argentina tras el golpe de estado en su contra en 2019.

"Queremos denunciar que el MAS sigue con sus afanes desestabilizadores", aseguró Issa, quien insistió en que la fuerza de Evo Morales "está otra vez intentando desestabilizar el país, desestabilizar la democracia que tenemos y por ende estamos ante un movimiento subversivo".

El gobierno de facto de la derechista Áñez lleva días denunciando que el MAS prepara disturbios en caso de que su candidato presidencial y delfín de Morales, el exministro de Economía Luis Arce, sea derrotado en las elecciones del 18 de octubre.

Recientemente el ejecutivo presentó denuncias contra Evo Morales por haber mantenido supuestamente relaciones amorosas con dos menores de edad, pero el MAS afirma que estas denuncias solo buscan un impacto electoral.

Según sondeos, Arce y el expresidente de centro Carlos Mesa empatan en la intención de voto con el 23%, seguidos por la presidenta Áñez (12%) y el líder cívico derechista de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho (6%).

A mediados de agosto, tras una nueva postergación de las elecciones presidenciales, que inicialmente debían celebrarse en mayo, los sindicatos afines a Morales realizaron varias semanas de una huelga general y bloqueo de rutas que derrumbaron la imagen de Arce, quien hasta entonces lideraba la intención de voto con 31%.

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