Expremier islandés negó toda la responsabilidad en la crisis del 2008
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Geir H. Haarde
En su opinión, tampoco había ningún signo "claro" de que fuera a producirse un "crack" inminente del sector bancario islandés, que luego obligó al Estado a nacionalizar los tres principales institutos crediticios y colocó al país, que tuvo recibir ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), al borde de la bancarrota.
Haarde está imputado en total por cuatro delitos, después de que los tribunales decidieran descartar dos de los seis de la acusación inicial, incluido el de negligencia grave.
Su comparecencia es la primera de una lista en la que también aparecen figuras clave de su Gobierno, en coalición con los socialdemócratas, y también del actual, que agrupa a estos últimos y al Movimiento de Izquierda Verde, nacido tras las elecciones anticipadas de 2009.
Entre ellos figuran el exministro de Finanzas conservador Arni M. Mathiesen y dos socialdemócratas, la extitular de Asuntos Exteriores y exlíder de este partido Ingibjorg Solrun Gisladottir y el que fuera responsable de Comercio Bjorgvin G. Sigurdsson.
Estas tres personas habían sido señaladas como responsables de la crisis, al igual que Haarde, por el informe de la comisión de investigación, aunque el Parlamento al final decidió que sólo el ex primer ministro fuera llevado ante los tribunales.
También deberán declarar entre otros la actual primera ministra, la socialdemócrata Jóhanna Sigurdardóttir, y su socio de coalición, el líder "rojiverde" y titular de Finanzas, Steingrímur J. Sigfússon.
E igualmente lo hará el exprimer ministro conservador entre 1991 y 2004, luego presidente del Banco Central y ahora director del periódico "Morgunbladid", David Oddsson, gran impulsor de la política neoliberal que llevó a Islandia al desastre.
Pero Oddsson, al igual que la élite financiera y empresarial islandesa, no ha sido imputado en ninguno de los procesos judiciales que se han abierto hasta ahora.
El tribunal encargado de juzgar a Geir Haarde es el Landsdómur, una corte especial para procesos que afectan a miembros del Gobierno creada en 1905 y que nunca antes había actuado.
Se espera que el juicio dure hasta el 15 de marzo y que el Landsdómur dicte después sentencia en un plazo aproximado de seis semanas.



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