Washington (AFP, EFE, ANSA) - Una jueza federal estadounidense asestó ayer un duro golpe a la política antiterrorista de la Casa Blanca, al considerar que los tribunales militares para los prisioneros de Guantánamo son inconstitucionales. El fallo sostuvo que los detenidos en esa base estadounidense en Cuba, en su mayoría sospechados por el gobierno de George W. Bush de pertenecer a Al-Qaeda, tienen derechos protegidos por la Constitución de EE.UU.
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«Los CSRT (tribunales de examen del estatus de combatiente enemigo, por sus iniciales en inglés) son inconstitucionales», afirmó la jueza estadounidense Joyce Hens Green en su fallo.
El Pentágono había decidido el año pasado crear esos tribunales militares tras la decisión de la Corte Suprema estadounidense de autorizar a los presos a presentar recursos contra su detención. «Los procedimientos puestos en práctica por el gobierno para confirmar que los demandantes son 'combatientes enemigos' sujetos a una detención indefinida violan los derechos de los demandantes», indicó el dictamen.
Tras considerar los recursos judiciales interpuestos por 11 presos recluidos en la base militar, «la Corte concluye que los demandantes han presentado recursos válidos según la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos». Añade que su detención «viola los derechos de los demandantes a un debido proceso legal».
La Casa Blanca expresó su disconformidad con la sentencia y dijo que el Departamento de Justicia habrá de examinarla. «Nos permitimos expresar respetuosamente nuestro desacuerdo» con esa decisión, dijo Scott McClellan, vocero de la Casa Blanca. «Ya hubo en otro momento otro juicio que falló en sentido contrario», remarcó.
«El Departamento de Justicia examinará cuáles pueden ser las decisiones apropiadas respecto a esta cuestión», añadió.
Estados Unidos mantiene a uno 550 detenidos de unos 20 países en la base de Guantánamo, sospechosos de vínculos con el terrorismo y con la red Al-Qaeda o los talibanes afganos.
Pese a las críticas internacionales, Washington no reconoce a estos individuos, capturados en Afganistán y sus cercanías tras los atentados del 11 setiembre 2001, el carácter de prisioneros de guerra tal como es definido en las Convenciones de Ginebra.
Sin embargo, el fallo sostiene que «al menos algunos de los demandantes presentaron reclamos válidos bajo la tercera Convención de Ginebra».
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