Familiares de mineros efectuaron primer demanda contra gobierno chileno

La acusación es por el delito de prevaricación

La familia de Raúl Bustos, uno de los 33 mineros atrapados hace tres semanas en una mina en el norte de Chile, presentó una querella contra las autoridades estatales que permitieron operaciones en esa mina los y dueños del yacimiento , dijo su abogado Remberto Valdés.

La acción judicial fue presentada en un juzgado de Caldera, la comuna a la que pertenece el yacimiento San José, en la ciudad de Copiapó, a unos 800 km al norte de Santiago, contra las autoridades del Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) y contra los dueños de la mina, Marcelo Kemeny y Alejandro Bohn.

La querella "es por el delito de prevaricación, buscando la sanción penal por haber obtenido irregularmente la autorización para el ejercicio de las faenas y así dejar atrapados a los 33 mineros", dijo el abogado Valdés.

El Sernageomin, organismo encargado de fiscalizar la actividad minera en Chile, decidió en 2008 autorizar la reapertura de la mina, que había sido clausurada por el accidente de un minero un año antes.

El gobierno investiga si hubo irregularidades en esa autorización.

Por otra parte, un juzgado chileno ordenó retener para futuras indemnizaciones unos 1,8 millones de dólares que la minera San Esteban debía recibir del Estado por la venta de cobre, dijo una fuente judicial.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Letras de Copiapó, localidad ubicada 800 km al norte de Santiago.

El Juzgado ordenó la retención de unos 900 millones de pesos (1,8 millones de dólares) que la Empresa Nacional de Minería (Enami) debe transferir a la minera San Esteban, propietaria del yacimiento San José, en pago por la venta de cobre.

El tribunal acogió así la petición del abogado Edgardo Reinoso, quien representa a 26 de las 33 familias de los mineros atrapados, como anticipo de una demanda indemnizatoria que ingresará en los próximos días contra los dueños de la empresa.

Reinoso explicó que "nosotros hemos encontrado bienes, hay dineros por recibir, y hemos pedido al Juzgado de Letras de Copiapó que éstos sean retenidos a través de una medida precautoria".

"Así ha sido decretado por el tribunal hasta por una suma de 900 millones de pesos", dijo.

Agregó que "además hemos solicitado el nombramiento de un interventor con el objeto que sea un tercero quien administre los recursos y los bienes de la Minera San Esteban, con el objeto que no sean distraídos. Esperamos que esta segunda petición sea resuelta en los próximos días", dijo.