El gobierno chileno envió hoy al Congreso la denominada "Ley de empalme", que según los anuncios oficiales busca homologar el sistema judicial antiguo con la reforma procesal penal, y que al establecer plazos procesales puede derivar, según los críticos, en una suerte de "punto final" para casos de violaciones a los derechos humanos.
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Sectores vinculados a la defensa de esos derechos objetaron el proyecto por considerarlo un velado "punto final" a las causas que tienen a más de un centenar de militares procesados por acusaciones referidas a la represión de la dictadura (1973-1990).
"No es un punto final, ni explícito ni solapado", opinó en cambio el ministro de Justicia, Luis Bates, quien conjeturó que cuando se respeten las normas internacionales en cuanto a la celeridad de los procesos, también deben respetarse la no prescripción de algunos delitos ni la posibilidad de amnistiar.
El ministro puso especial énfasis en las modificaciones de los tiempos que se dan en los procesos judiciales e indicó que en julio -cuando comience a regir el nuevo sistema- se acelerarán todas las causas de la modalidad antigua que quedaron tramitándose.
"Ahora se busca cumplir con las normas internacionales relacionadas con la celeridad de los procesos y juzgamientos en plazos razonables", manifestó, al tiempo que expresó que los plazos que se fijarán en las investigaciones son los mismos que aplica la reforma procesal penal.
Concretamente, en los plenarios donde ya hay procesados se establecerá un plazo de dos años para el cierre de la investigación, mientras que en las causas que no tengan encausados se fijarán restricciones para pedir la reapertura del sumario.
Según su interpretación, si en las causas surgen elementos serios y contundentes que ameriten continuar con la investigación, ésta podrá ser retomada.
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