La Justicia de España dio un paso clave en la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, al procesarla por cuatro delitos y dejarla al borde del juicio oral.
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La investigación por presunta corrupción y tráfico de influencias entra en una etapa decisiva y profundiza la tensión política en España.
La Justicia de España dio un paso clave en la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, al procesarla por cuatro delitos y dejarla al borde del juicio oral.
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El juez Juan Carlos Peinado resolvió cerrar la etapa de investigación y avanzar con cargos por malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. La decisión implica que las partes tienen ahora un breve plazo para pronunciarse sobre la apertura del juicio.
La causa se originó en 2024 a partir de una denuncia de la organización Manos Limpias y fue ampliándose con el tiempo, incorporando nuevas líneas de investigación sobre la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid y sus vínculos con empresarios.
Según el magistrado, existen indicios de que la esposa del presidente pudo haber utilizado su posición para influir en decisiones administrativas y favorecer intereses privados, en un esquema que también involucra a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés.
Sin embargo, el juez descartó uno de los delitos inicialmente investigados —intrusismo profesional— por falta de pruebas suficientes, lo que acotó el alcance de la causa pero no modificó su gravedad.
El procesamiento no implica una condena, pero sí marca que la investigación encontró elementos suficientes para avanzar hacia un eventual juicio. En ese contexto, el expediente entra en una fase decisiva que podría definir responsabilidades penales.
Desde el Gobierno español cuestionaron la decisión judicial. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, defendió a Gómez y aseguró que instancias superiores podrían revertir el fallo, en medio de fuertes críticas a la instrucción del caso.
La defensa de Gómez, por su parte, sostiene que no existen pruebas sólidas y denuncia una persecución política. El caso, que ya llevaba dos años en investigación, se convierte así en uno de los mayores focos de tensión para el Ejecutivo de Sánchez, al impactar directamente en su entorno más cercano.
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