Inquieta a Lula el juicio por escándalo que marcó su gestión

Brasilia (AFP, ANSA) - El Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema) de Brasil comenzó a tratar ayer el mayor escándalo de corrupción de la era Lula da Silva, en un caso que puede llevar al banquillo a 40 personas, entre ellas, los más altos líderes del gobernante Partido de los Trabajadores, y que genera fuerte preocupación en el gobierno.

Los jueces del STF mantuvieron ayer una primera reunión reservada de carácter informativo, en preparación de las sesiones en las que, entre hoy y el viernes, deberán comenzar a definir si dan cauce a la denuncia formulada por el procurador general de la república, Antonio Fernando de Souza, por cargos de lavado de dinero, evasión de divisas, corrupción activa y pasiva, peculado y formación de banda.

El esquema, conocido como «escándalo de las mensualidades» (mensalao), habría permitido al PT sobornar a decenas de diputados entre 2003 y 2004 a fin de acercarlos a la débil bancada oficialista o financiar sus campañas políticas.

El «dinero negro», estimado en por lo menos 27,5 millones de dólares al cambio actual, fue manejado por el publicitario Marcos Valério y, de acuerdo con las denuncias, procedería del desvío de fondos de empresas estatales.

En la lista de acusados figuran el ex jefe de Gabinete de Lula José Dirceu, así como «peces gordos» del PT, como su ex presidente José Genoino y el ex tesorero Delúbio Soares. Todos ellos renunciaron a causa de las denuncias, ventiladas en 2005 por el diputado Roberto Jefferson, hasta ese momento un cercano aliado de Lula da Silva.

Jefferson forma parte de la lista de acusados, junto con otros diputados petistas y de cuatro partidos aliados, banqueros y empresarios.

Según la denuncia, «el núcleo principal» de la asociación ilícita fue formado por Dirceu, Genoino, Soares y el ex secretario general del PT, Silvino Pereira, con el fin de «garantizar la continuidad del proyecto de poder» del gobierno.

El presidente Lula no figura en la lista, por falta de pruebas, pero el caso lo tuvo en 2005 al borde del juicio político.

Preocupado

De acuerdo con la prensa local, Lula da Silva admitió estar preocupado por la posible decisión del STF. Según dijo a sus asesores más directos, las deliberaciones pueden perjudicar la imagen del gobierno.

Además, indicó «Folha de Sao Paulo», la posibilidad de que Dirceu sea exculpado, en razón de una presunta falta de pruebas en su contra, fortalecería la posición de este ex todopoderoso ministro dentro del PT, algo que no es del agrado de Lula.

El ministro de Justicia, Tarso Genro, se hizo eco ayer de esas versiones y debió negar que la causa pueda afectar al gobierno. El mensalao «no salpica al Palacio del Planalto. El informe del procurador general de la república no contiene alusión alguna al gobierno ni al presidente», dijo.

El procurador Souza apretó el cerco el miércoles, presentando ante la Justicia civil denuncias de «improbidad administrativa» contra 37 personas (35 incluidas en la lista que será juzgada por el STF) de los cinco partidos implicados, para obtener la restitución de los 27,5 millones de dólares que, comprobadamente, circularon de modo ilegal.

El PT reconoció que mantuvo una contabilidad paralela para financiar campañas electorales, pero niega haber sobornado a diputados, ya que el segundo cargo implicaría mayores penas de prisión.

Los once ministros del STF no sólo serán jueces del mayor escándalo de corrupción de la historia brasileña por el número de implicados, sino que también estarán en la mira de la sociedad, azorada ante la cantidad de denuncias que se eternizan en los tribunales o que permanecen impunes.

El desprestigio alcanza también al Congreso, que en varios escándalos que estallaron en los últimos años se mostró clemente con la mayoría de los implicados sometidos a juicios de destitución.