El ayatolá Mahmud Hashemi Shahrudi, juez supremo iraní.
El juez supremo iraní, el ayatolá Mahmud Hashemi Shahrudi, ordenó excarcelar en el plazo de una semana a los detenidos políticos con cargos menores tras las protestas por el supuesto fraude electoral en los comicios presidenciales de junio, informó su portavoz, Ali-Reza Jamshidi.
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El magistrado ordenó, además, un informe detallado a una comisión integrada por tres hombres sobre el tratamiento de los detenidos y la situación de las prisiones.
Un total de 300 personas fueron encarceladas tras las protestas por el supuesto fraude electoral en los comicios presidenciales de junio, informó Jamshidi.
La cifra dada por Jamshidi comprende manifestantes, periodistas, disidentes y antiguos funcionarios, y por lo menos dobla las cifras oficiales previas.
El líder de la oposición, Mir Hossein Mussavi, así como los ex presidentes Akbar Hashemi Rafsanyani y Mohammad Jatami, pidieron varias veces la puesta en libertad de los detenidos políticos. Mussavi incluso acusó a las autoridades de amenazar a los prisioneros como durante la era del sha.
En un comunicado en su web, Mussavi calificó las muertes y arrestos de manifestantes como "catástrofe" y dijo que la gente "nunca debería olvidar los elementos que se encuentran detrás de esos crímenes".
Además, se mostró preocupado por que el sistema judicial no sea consciente de los arrestos en masa y del tratamiento de los prisioneros, indicando que algunos funcionarios de la seguridad actúan de forma independiente.
La orden del juez supremo es considerada la primera victoria de Mussavi y la oposición, especialmente después de que varios diputados del Parlamento expresaran su preocupación por la situación de los detenidos.
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