Las autoridades israelíes anunciaron la suspensión del cobro de tasas municipales sobre inmuebles de las iglesias cristianas en Jerusalén no dedicados al culto y la creación de un comité para resolver la disputa con el Santo Sepulcro, cerrado por tercer día consecutivo.
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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y el alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, acordaron establecer "un equipo profesional" en el que participen "todas las partes relevantes" para buscar "una solución para el asunto de los impuestos municipales sobre propiedades de la iglesia que no son centros de culto", informaron en un comunicado oficial, citado por la agencia de noticias EFE.
La iglesia en la que, según los cristianos, fue enterrado Jesucristo, está cerrada desde el domingo como protesta por las medidas impositivas adoptadas por Israel y en rechazo a un polémico proyecto de ley.
La medida es una presión para que autoridades israelíes deroguen las disposiciones municipales que obligan a las iglesias a pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), del que estaban exentas.
Las iglesias cristianas de Jerusalén también exigen que el Parlamento israelí descarte un proyecto de ley que permitiría al Estado judío expropiar las propiedades eclesiásticas arrendadas a compañías privadas.
Dirigentes de las iglesias ortodoxas de Grecia, católica romana y armenia denunciaron, en un comunicado conjunto, una "campaña sistemática contra las iglesias y comunidades cristianas en Tierra Santa" y anunciaron el domingo que el Santo Sepulcro, considerado el sitio más sagrado del mundo para los cristianos, seguirá cerrado hasta nuevo aviso.
La polémica llegó, incluso, a las más altas esferas de la política internacional. El Líbano y Jordania criticaron duramente a Israel por el cierre del Santo Sepulcro. El presidente libanés, Michel Aoun, calificó de "limpieza étnica y religiosa" la decisión israelí de hacer pagar a las Iglesias cristianas el impuesto sobre bienes inmuebles.
El gobierno de Jordania, que tiene la custodia de los sitios islámicos de la Ciudad Vieja, dijo que la decisión israelí contraviene al derecho internacional.
Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, agregó que espera "que pueda hallarse una solución rápidamente".
"Jerusalén es una ciudad santa para las tres religiones monoteístas. El estatus especial y el carácter de la ciudad deben ser mantenidos y respetados por todos", sugirió.
El alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, dijo, cuando estalló la polémica, que las iglesias deben a la municipalidad 186 millones de dólares en impuestos a sus propiedades.
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