El fiscal Giancarlo Capaldo denunció que los países sudamericanos "no han colaborado" en su investigación sobre la desaparición de italianos en la llamada "Operación Cóndor", y que ha terminado con el arresto, el pasado día 24, del ex militar uruguayo Jorge Tróccoli y la emisión de 139 órdenes de detención.
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En declaraciones, Capaldo explicó que sobre esas 140 personas pesa la acusación de haber organizado o participado directamente en la "Operación Cóndor", como se denominó la acción acordada por las dictaduras de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia para acabar con los opositores en los años 70 y 80.
En particular, Capaldo, que comenzó sus investigaciones en 1998, se ocupa de la desaparición de 25 italianos en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Bolivia.
Capaldo explicó que "la investigación ha sido muy compleja ya que los hechos sucedieron hace muchos años" y que todos los documentos y testigos estaban fuera de Italia y "no ha habido alguna colaboración con los países de Sudamérica".
"La falta de colaboración con las autoridades de estos países ha complicado mucho las cosas. Es dificilísimo investigar en otro país sin la ayuda de sus autoridades", añadió el fiscal adjunto de Roma.
Capaldo no quiso facilitar la lista de los 140 acusados pero explicó que entre ellos se encuentran "los jefes de las Juntas militares de estos países, y sus respectivos responsables de las fuerzas armadas, servicios de seguridad y de la policía" al ser los "responsables de las represiones contra los movimientos de oposición".
Asimismo, añadió el fiscal, también tendrán que responder a las acusaciones los directos ejecutores de las campañas de represión contra los movimientos de oposición como los grupos uruguayos de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) o la Resistencia Obrero-Estudiantil (ROE).
Muchos de ellos, según Capaldo, "aunque no tienen una específica responsabilidad en la desaparición de los ciudadanos italianos están acusados de haber activado las estructuras y servicios de información que han consentido efectuar el secuestro, el traslado de estas personas de un país al otro, su detención y su posterior asesinato".
Capaldo explicó que durante estos años se ha tomado declaración a "cientos de testigos", muchos de ellos acudieron a Italia, mientras que otros se presentaron a los consulados italianos en varios países del mundo.
El fiscal comentó que cuenta con las declaraciones de testigos que han asistido a las reuniones de los dirigentes de estos países sudamericanos y que probarían la existencia de las acciones de represión en el marco de la "Operación Condor".
Respecto al único detenido hasta ahora, el ex capitán de navío Jorge Tróccoli, de pasaporte italiano y que residía en Salerno (sur de Italia), el fiscal señaló que está acusado de "haber participado en la campaña represiva contra los miembros de los Grupos de Acción Unificadora (GAU)".
Según las investigaciones de Capaldo, Troccoli frecuentaba a menudo la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) en Argentina, conocido lugar de tortura, y algunos de los uruguayos detenidos acabaron arrestados allí.
Troccoli está acusado en particular de la desaparición del matrimonio Dossetti-D'Elia y de otros dos italianos, y hoy será interrogado en el cárcel romano de Regina Coeli donde está desde el pasado 25 de diciembre.
Si por una parte el fiscal italiano criticó la ausencia de colaboración con los países sudamericanos, valoró el intercambió de información sobre estos casos que ha mantenido estos últimos años con el juez español Baltasar Garzón y el francés Roger Le Loire.
Ahora el próximo paso del fiscal es pedir al Ministerio de Justicia italiano que pida a lo diferentes países la extradición de las restantes 139 personas.
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