La fiscalía de Roma pidió el envío a juicio de 35 integrantes de las juntas militares y de los servicios de seguridad de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay durante los años 70 y 80, acusados de la muerte de 23 ciudadanos de origen italiano.
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La actividad de represión de los opositores se produjo en el marco del llamado "Plan Cóndor" de las dictaduras latinoamericanas.
Dos bolivianos, 12 chilenos cuatro peruanos y 17 uruguayos, de entre 64 y 92 años, están acusados de homicidio múltiple pluriagravado y secuestro de persona. Pidió el envío a juicio el fiscal adjunto Giancarlo Capaldo.
Entre los imputados figuran el ex ministro del Interior boliviano Luis Gómez Arce, el ex primer ministro peruano Pedro Richter Prada, el ex jefe de los servicios secretos chilenos Juan Manuel Contreras y el general Francisco Morales Bermúdez, expresidente de Perú.
Se menciona también a los ex dictadores uruguayos Juan María Bordaberry (aunque falleció en 2011) y Gregorio Conrado Alvarez Armellino, así como el ex ministro de Relaciones Exteriores Juan Carlos Blanco.
El cierre de la investigación -que duró unos diez años- se remonta a tres años atrás y abarcaba a 140 personas (entre ellas 59 argentinos, 11 brasileños y seis paraguayos), pero problemas burocráticos ligados a la notificación y la muerte de muchos miembros de las juntas militares hicieron disminuir el número de posibles imputados.
