Justicia amenazó con arrestar a más de 700 alcaldes de Cataluña si no frenan referendo

Una bandera en el Camp Nou, estadio del Barcelona F.C., saludando el referendo y la independencia ("Bienvenidos a la república catalana").

Más de 700 alcaldes en Cataluña dispuestos a organizar el referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia se exponen a ser investigados y hasta arrestados, advirtió la fiscalía general de España este miércoles, antes del lanzamiento oficial de la campaña.

El anuncio, que provocó una ola de indignación entre los alcaldes afectados, caldeó todavía más el ambiente en esta región del noreste de España de 7,5 millones de habitantes.

El presidente regional, el independentista Carles Puigdemont, lo denunció como una "barbaridad (...) que recuerda causas impropias de una democracia" y anunció que participará el sábado en una manifestación de protesta junto a los alcaldes.

Los esfuerzos de Madrid para detener el voto no parecen surtir efecto. Este miércoles, Puigdemont publicó en Twitter una nueva web informativa del referéndum poco después de que la guardia civil cerrara la página anterior.

El jueves tiene previsto participar en el primer mitin de campaña en la antigua plaza de toros de Tarragona, ciudad no independentista a 100 km al sur de Barcelona, rodeado de incertidumbre: un juez ya anuló un acto en Madrid de apoyo al referéndum argumentando que la consulta está prohibido.

"El día 1 votaremos", insistió Puigdemont ante el mantra del gobierno español de Mariano Rajoy: "no habrá referéndum".

Para ello, la justicia española desplegó toda su maquinaria desde la convocatoria oficial firmada por Puigdemont y todo su ejecutivo, que ya tienen una causa judicial abierta por desobediencia, prevaricación y malversación.

Este miércoles la presión se trasladó a los alcaldes que ofrecieron su apoyo al gobierno regional pese a los advertimientos del Tribunal Constitucional, quien había suspendido de inmediato el referéndum.

El fiscal general ordenó a los fiscales catalanes citar en calidad de "investigados" a los alcaldes dispuestos a cooperar en la "organización del referéndum ilegal" y, en caso de que no comparezcan, "acordar su detención".

La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) cifra en 712 de los 948 alcaldes catalanes aquellos comprometidos con la votación. Su presidenta Neus Lloveras denunció el hecho como "muy grave" y aseguró que los ediles seguirán cooperando en la votación.

"Pues que nos arresten, ¡están locos!", reaccionó en conversación telefónica con AFP David Rovira, alcalde del partido PDCat (conservador e independentista) en la población de Espluga de Francoli, de 3.800 habitantes.

"Tiene que haber una posición de desobediencia en la totalidad de los alcaldes", dijo de su lado Montse Venturós, alcaldesa de Berga (16.000 habitantes) de la CUP, partido independentista de extrema izquierda cuyos alcaldes no atenderán la llamada de los fiscales.

Pero de las diez ciudades más pobladas, seis de ellas, incluidas Barcelona (1,6 millones de habitantes) y Hospitalet de Llobregat (250.000) han rehusado hasta ahora a implicarse directamente en la votación.

Los catalanes se muestran divididos ante la secesión, aunque un 70% de ellos se inclina por celebrar un referéndum para decidirlo.

Entre pancartas que proclamaban "Adiós España", cientos de miles de personas se manifestaron el lunes en el centro de Barcelona por la independencia, en ocasión de la Diada, el día de Cataluña.

Rajoy, decidido a impedir la consulta, llamó nuevamente a las autoridades catalanas y sus ciudadanos a acatar la ley y las decisiones judiciales.

"Si a alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya porque no puede haber referéndum y sería un acto absolutamente ilegal", dijo.

El rey Felipe VI dijo estar seguro de que "la Constitución prevalecerá sobre cualquier quiebra de esa convivencia en democracia".

El Tribunal Constitucional, que desde 2015 prohíbe el referéndum, invalidó la convocatoria del gobierno catalán y advirtió que las autoridades regionales en caso de desobedecer se exponen a "eventuales responsabilidades, incluida la penal".

Los separatistas catalanes, mayoritarios en el parlamento regional desde septiembre de 2015, reclaman desde 2012 un referéndum de autodeterminación. Ahora han decidido ignorar las decisiones del TC y siguen adelante con la consulta.