Fue por una presentación de los defensores del condenado en la que denunciaron que se trató de un veredicto racista. El Tribunal Surpremo ordenó el aplazamiento de la ejecución mediante una inyección letal diez minutos antes de la hora prevista para que se lleve a cabo. Delma Banks fue condenado en 1981 por el asesinato de un joven blanco.
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Fuentes del Tribunal Supremo dijeron que el aplazamiento de la ejecución mediante una inyección letal fue ordenada diez minutos antes de la hora prevista para que ésta se llevara a cabo en la penitenciaría estatal de Huntsville (Texas).
"La solicitud de suspender la sentencia de muerte...ha sido otorgada", informó el Tribunal Supremo en un comunicado en el que no hace otros comentarios sobre el caso.
La apelación, suscrita por grupos de defensa de los derechos humanos y tres ex jueces federales, afirmaba que el convicto Delma Banks, de 44 años, había sido injustamente sentenciado a muerte.
Banks debía convertirse hoy en el ajusticiado número 300 de Texas, estado que ha realizado más de un tercio de las 835 ejecuciones llevadas a cabo en EEUU desde que se restableció la pena de muerte, en 1976.
El reo fue condenado en 1981 por el asesinato, un año antes, de Richard Wayne Whitehead, un muchacho blanco de 16 años, quien era un compañero suyo de trabajo en un restaurante.
Según grupos de defensa de los derechos humanos y los abogados de Banks, de raza negra, el tribunal que lo condenó y lo sentenció a muerte estuvo integrado sólo por blancos, y los fiscales vetaron la participación de cuatro jurados negros.
Además, señalaron que dos de los testigos de cargo eran drogadictos con antecedentes criminales que después de la condena a muerte de Banks retiraron sus declaraciones.
Además, uno era informante pagado por la policía y el otro era acusado de piromanía, cargos que le fueron retirados después de declarar en contra de Banks.
Uno de los ex jueces federales que apoyaba el aplazamiento de la ejecución fue Williama Sessions, un ex director de la Oficina de Investigaciones Federales (FBI), quien presentó al Supremo documentación en la que afirmaba que en el caso de Banks se habían cometido "errores constitucionales".
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