5 de noviembre 2026 - 14:50

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad el juicio político contra Santiago Peña

El expresidente Horacio Cartes y titular de la ANR confirmó que respaldará el proceso contra el mandatario, en medio de la crisis por la intervención bancaria, que dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus fondos.

Archivo. Cartes - quien impulsó a Peña como candidato - confirmó que acompañará el pedido de juicio político.

Archivo. Cartes - quien impulsó a Peña como candidato - confirmó que acompañará el pedido de juicio político.

@horaciocartespy

El expresidente de Paraguay y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, anunció este miércoles que el Partido Colorado acompañará el juicio político contra el presidente Santiago Peña. La decisión se da en medio de la crisis desatada por la intervención y el cierre del Ueno Bank, que dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus fondos.

“Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados. Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado”, escribió Cartes en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, Cartes ratificó que el oficialismo respaldará el proceso de destitución: "Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República".

Tras el mensaje de Cartes - y la renuncia de Peña - la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad el inicio del juicio político contra el Presidente saliente. La decisión ahora deberá ser tratada por el Senado, que tendrá la última palabra sobre la continuidad del proceso y deberá resolver si la salida del jefe de Estado deja sin efecto el procedimiento de destitución.

La postura tiene un peso político particular porque fue el propio Cartes quien promovió la candidatura de Peña en las elecciones de 2023. Además, el exmandatario conduce la estructura del Partido Colorado, que hasta ahora contaba con mayoría propia en las dos cámaras del Congreso paraguayo.

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Para cerrar su pronunciamiento, Cartes apeló a la identidad partidaria: "La bandera colorada representa una historia de servicio al país: honrarla también significa actuar con valentía cuando la patria lo exige".

El respaldo al juicio político expone una fractura dentro del oficialismo y amplía el frente de cuestionamientos contra Peña, que ya no se limita a la oposición. Hasta el momento, el Presidente no se pronunció públicamente sobre el pedido de destitución.

A las críticas también se sumó el presidente del Congreso, Bachi Núñez, quien se alineó con los legisladores que responsabilizan al mandatario por la crisis. "Como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados", afirmó.

Por su parte, el senador Óscar "Cachito" Salomón apuntó directamente contra Peña. "Ha traicionado al país por dinero", declaró ante la prensa. Al mismo tiempo, descartó que el vicepresidente Pedro Alliana sea sometido a un proceso similar.

En este escenario, Cartes y Alliana mantienen una reunión para definir una salida política y trazar el camino de una eventual sucesión de Peña en el Poder Ejecutivo. La discusión se da mientras el Gobierno debe afrontar los reclamos de los ahorristas afectados por la crisis bancaria.

El pedido de juicio político

Más allá de la renuncia, el Congreso paraguayo avanzó en el pedido de juicio político presentada por legisladores opositores y que posteriormente sumó el respaldo de sectores del oficialismo. El libelo acusatorio contempla cinco causales relacionadas con el escándalo de Ueno Bank, la entidad financiera que fue intervenida por el Banco Central de Paraguay (BCP) tras detectar graves problemas de solvencia.

Entre los principales cuestionamientos contra Peña aparecen un presunto conflicto de intereses por su participación accionaria en Ueno Holding, los vínculos entre el banco y el grupo empresario que lo controla y la colocación de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en la entidad.

El mandatario mantuvo acciones del holding hasta marzo de 2025. También quedaron bajo la lupa la designación de Carlos Carvallo, exdirectivo de Financiera Ueno, al frente del Banco Central, y las modificaciones impulsadas por el Gobierno a la legislación sobre conflictos de intereses.

En paralelo, la Cámara de Diputados rechazó el pedido de juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana, quien quedaría al frente del Poder Ejecutivo tras la renuncia de Peña. La votación terminó con 48 votos en contra y 30 a favor, por lo que el oficialismo logró bloquear la acusación opositora, que señalaba a Alliana por una presunta complicidad con el mandatario saliente en el caso Ueno Bank.

La mayoría colorada también impulsó un cuarto intermedio para evitar que se votara el juicio político contra Peña en esa instancia. De esta manera, Alliana quedó habilitado para asumir la Presidencia, mientras que el proceso contra el jefe de Estado deberá continuar su recorrido legislativo en el Senado.

Caso Ueno Bank: presentaron un pedido de juicio político contra Santiago Peña y Pedro Alliana

Diputados paraguayos presentaron formalmente este miércoles pedidos de juicio político contra el presidente Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank. La iniciativa reúne 35 firmas y sus impulsores solicitaron convocar a una sesión extraordinaria para este jueves 5 de noviembre.

El anuncio estuvo a cargo de los legisladores Rocío Vallejo, Raúl Benítez y Johanna Ortega. El pedido cuenta con el respaldo de representantes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), otras fuerzas opositoras y sectores disidentes del Partido Colorado.

Los promotores solicitaron que la Cámara de Diputados sesione el jueves a las 10 para tratar, en primer término, la acusación contra Peña. Después, buscarán convocar a una segunda sesión extraordinaria para debatir el pedido contra Alliana. Al momento de la presentación, la convocatoria todavía no había sido confirmada.

Los fundamentos de las iniciativas apuntan a las presuntas responsabilidades políticas de Peña y Alliana en la crisis de Ueno Bank. Entre los cuestionamientos figuran el supuesto direccionamiento de recursos públicos hacia la entidad y las responsabilidades por los controles del sistema financiero.

Los legisladores también plantearon posibles conflictos de intereses por los vínculos previos del Presidente con el grupo empresarial propietario del banco. Esos señalamientos integran los argumentos de los pedidos y deberán ser discutidos en el Congreso.

La presentación formal representa un avance respecto de los anuncios que la oposición había realizado después de conocerse la intervención. Sin embargo, el ingreso de los documentos no significa que la Cámara haya aprobado la acusación ni que el proceso de juicio político ya se encuentre en manos del Senado.

Santiago Peña pidió serenidad y anunció cambios en el Banco Central

En paralelo, Peña difundió un mensaje dirigido a los ahorristas, en el que pidió tranquilidad y adelantó medidas para enfrentar la crisis. "Entiendo la incertidumbre de una situación como ésta y sé que detrás de cada ahorro está el esfuerzo de miles de paraguayos", sostuvo.

El mandatario informó que envió el pedido de acuerdo constitucional para designar a Raúl Vera Bogado al frente del Banco Central del Paraguay. También propuso a Pedro Acosta y Edsel González como directores del organismo.

Además, anunció que impulsa un proyecto de ley para garantizar la devolución de los depósitos. Según las estimaciones del Ejecutivo, la iniciativa permitirá cubrir al 98% de los clientes de Ueno Bank. Peña adelantó que los pagos comenzarían esta misma semana.

La crisis de Ueno Bank

El Banco Central de Paraguay inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank, una de las principales entidades digitales del país, luego de detectar un deterioro crítico de su solvencia. La medida dejó temporalmente sin acceso a sus fondos a millones de clientes y abrió un nuevo frente de tensión política para Peña, cuestionado por sus vínculos con el grupo empresarial propietario de la entidad.

Frente a la situación, el mandatario anunció medidas para acelerar la devolución de los depósitos y pidió la renuncia del titular del organismo emisor, Carlos Carvallo. También acordó con los presidentes de ambas cámaras del Congreso avanzar con un proyecto de ley que habilite el uso del Fondo de Garantía de Depósitos y permita comenzar a pagar a los ahorristas.

La propuesta contempla, además, garantizar la devolución de los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de las demás cajas jubilatorias públicas. "Este es un caso particular de una entidad, no del sistema financiero nacional, y quienes sean responsables deberán responder ante la Justicia, sin excepciones y sin privilegios", sostuvo Peña en un mensaje publicado en su cuenta de X.

La intervención se produjo después de que el Banco Central constatara que el índice de solvencia de Ueno Bank había caído por debajo del 50% del mínimo requerido. El deterioro se produjo como consecuencia de ajustes realizados en los estados financieros de la entidad durante el proceso de regularización.

La resolución implica el cierre del banco y la suspensión de sus servicios. Tanto la aplicación como las tarjetas y las operaciones bancarias quedaron temporalmente fuera de funcionamiento mientras los interventores revisan los activos y pasivos de la entidad.

El procedimiento busca determinar la situación patrimonial de Ueno, preservar sus activos y evaluar la transferencia de los depósitos a otras entidades financieras. Durante ese proceso, los clientes reportaron dificultades para ingresar a sus cuentas, utilizar tarjetas y realizar transferencias.

El Banco Central garantizó la devolución de depósitos de hasta 228.300.000 guaraníes por persona y por entidad, equivalentes a aproximadamente u$s38.000. De acuerdo con las estimaciones preliminares, cerca del 97% de los depositantes tiene sus fondos completamente cubiertos por esa garantía.

El organismo cuenta con un plazo de 15 días para devolver los depósitos garantizados, con la posibilidad de extenderlo por otros 15 días. En el caso de los clientes con saldos superiores al límite establecido, la recuperación total dependerá del resultado del procedimiento y de una eventual liquidación de los activos.

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