Se trata de la investigación "Situación en Venezuela II", iniciada sobre hechos de 2019 a petición de Nicolás Maduro. Así, la CPI determinó que no existe base razonable para creer en la comisión de dichos delitos.
Se trata de una serie de acciones de EEUU en 2019, como asesinato, exterminio, deportación o persecución.
La Corte Penal Internacional (CPI) anunció su rechazo a que las sanciones aplicadas por EEUU a Venezuela en 2019 constituyeran crímenes de lesa humanidad. Se trata de medidas denunciadas por el entonces presidente Nicolás Maduro en 2020, en referencia a acciones como asesinato, exterminio, deportación o persecución.
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Se trata de una decisión de la CPI de cerrar el examen preliminar conocido como "Situación en Venezuela II", iniciado en 2020 a petición de Maduro. La Oficina del Fiscal determinó que no existe base razonable para creer que tales crímenes hayan sido cometidos mediante dichas medidas coercitivas.
Según el comunicado, los requisitos probatorios de causalidad e intención no se cumplen: aunque se reconoce que las sanciones pudieron agravar una situación humanitaria preexistente, no se demuestra un nexo causal suficiente ni la intención requerida en derecho penal internacional para abrir una investigación formal.
Paralelamente, la CPI informó que la investigación en curso sobre la "Situación en Venezuela I" —iniciada en 2021 y centrada en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde al menos 2014, especialmente en el contexto de detenciones— avanza de manera constante y a buen ritmo.
Este proceso se mantiene en marcha y enfocado en las responsabilidades de altos funcionarios del régimen de Maduro, incluyendo al propio exmandatario capturado el 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses y llevado ante una Corte de Nueva York, acusado de "narcoterrorismo".
Chevron y Shell están cerca de firmar los primeros grandes acuerdos de producción de petróleo con Venezuela, luego que Estados Unidos capturara a su líder, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Estas alianzas permitirían a las grandes petroleras explorar zonas codiciadas dentro de la región para la industria energética, en medio de las tensiones en Medio Oriente que afectan el comercio de hidrocarburos.
El acercamiento de ambas compañías se da en el marco de una reforma integral de la principal ley petrolera del país, aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela a finales de enero. La misma le da autonomía a las empresas extranjeras para operar, exportar y vender petróleo venezolano, incluso si son socios minoritarios de la petrolera estatal PDVSA.
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