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Contrariamente a lo que se cree, una mayoría de los casi 200 mil judíos que eligieron vivir en asentamientos en Gaza y Cisjordania, rodeados de poblaciones palestinas y debiendo movilizarse en caravanas militares cada vez que desean dejar sus poblaciones, lo hizo por causas económicas y no religiosas. Fueron gobiernos israelíes, entre ellos el de Sharon, los que fomentaron los traslados a las colonias con diferentes incentivos impositivos.
Los 780 millones de dólares que le costarían al Estado israelí indemnizar a unas 1.200 familias (hay 7.500 judíos en la Franja de Gaza) pueden complicar cualquier presupuesto de un país, pero los costos de la recesión que soportan israelíes y palestinos desde setiembre de 2000, cuando se inició la Intifada, son mucho más significativos.
Luego de un crecimiento sostenido en torno a 6% anual durante los '90, Israel entró en un peligro de «argentinización», un neologismo utilizado en el país asiático y en todo el mundo, en los casos más disímiles, como sinónimo de una debacle económica catastrófica. Israel afronta la peor de sus crisis, con una tasa de desocupación cercana a 15% y 40% de los asalariados con ingresos menores a 700 euros. Está claro que la evacuación de Gaza no significa en sí misma una solución, pero confirma un rumbo que al menos a los israelíes, hastiados del conflicto, los satisface, aunque como mal menor. Al menos 59% de la población apoya el plan Sharon, según un sondeo del diario «Yediot Aharonot».
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