En EEUU, la mitad de los estados del país presentaron una demanda conjunta en contra del nuevo decreto del presidente, Donald Trump, de volver a instalar aranceles, luego de que la Corte Suprema los declarara ilegales en febrero.
La coalición estatal cuestionó el nuevo decreto del presidente republicano y sostuvo que la Casa Blanca volvió a utilizar una vía legal que ya había sido rechazada por la Corte Suprema.
Los nuevos aranceles alcanzan a 59 países y a la Unión Europea, mientras la Justicia vuelve a analizar la legalidad de la medida impulsada por Trump.
En EEUU, la mitad de los estados del país presentaron una demanda conjunta en contra del nuevo decreto del presidente, Donald Trump, de volver a instalar aranceles, luego de que la Corte Suprema los declarara ilegales en febrero.
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Las sanciones económicas alcanzan a 59 países -Argentina inclusive- y a los 27 miembros de la Unión Europea (UE), con el argumento de que no habían hecho lo suficiente para frenar las importaciones producidas con trabajo forzoso. Los nuevos aranceles entraron en vigor justo cuando se acercaba el vencimiento de los aranceles temporales a los que Trump había recurrido tras el revés en la Corte Suprema.
“Después de perder en la Corte Suprema, la administración vuelve a intentar aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas con una nueva ronda de aranceles”, señaló la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
Por su parte, el gobierno de Trump invocó la Sección 301 para imponer los aranceles por trabajo forzoso, que oscilan entre el 10% y el 12,5% y afectan a países que aportan el 99% de las importaciones estadounidenses, según señaló AP.
“Estados Unidos está utilizando su autoridad legal para lograr la eliminación de actos, políticas y prácticas injustificadas que gravan el comercio de EEUU", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai. "El hecho de que un país extranjero no imponga ni haga cumplir de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso es irrazonable y perjudica el comercio de EEUU, incluidos los trabajadores estadounidenses, y debe abordarse. Los aranceles de la Sección 301 han demostrado ser una herramienta jurídicamente sólida desde el primer mandato del presidente, y lo siguen siendo ahora”, explicó.
La demanda fue presentada por una coalición integrada por los estados de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Hawái, Delaware, Illinois, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, quienes sostienen que la administración de Trump volvió a recurrir a una vía legal que ya había sido rechazada por la Corte Suprema para imponer nuevos aranceles.