La negociación para evitar una masacre

Quedó atrás no solamente el espontáneo acercamiento de Néstor Kirchner a Evo Morales, en su primera visita a Bolivia (cuando casi no quiso encontrarse con las autoridades constituidas) y también la última expresión de esa corriente: el envío a La Paz del piquetero Isaac Rudnik. Este desocupado (en realidad, ocupado como asesor de un subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores), está ligado a la radicalizada Federación Vecinal -Fejube- de El Alto, junto al líder del movimiento Barrios de Pie, que preside otro funcionario, Jorge Cevallos. Tanto Rudnik como Cevallos se fascinaron con «el Evo» durante una asamblea bolivariana convocada por Hugo Chávez en Caracas, el año pasado.

La moderación del gobierno argentino ante la crisis tiene bastante lógica. Si avanzara hacia el poder la trama de organizaciones insurgentes de tinte indigenista que domina hoy la escena boliviana, los problemas energéticos que ya sufre la región se agravarían de manera extraordinaria. Hasta el propio Morales lo advierte y emitió señales de equilibrio relativizando la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos. Claro, fue hace más de dos semanas. Ahora hasta el propio Morales parece desbordado por los demás movimientos sociales, más radicalizados que su Movimiento al Socialismo. Si este líder cocalero, con muchos viajes internacionales en su haber y un diálogo cada vez más frecuente con la embajada de los Estados Unidos en su país, llegara a la presidencia de Bolivia, tal vez no podría sostener su forzada marcha hacia el centro del arco político, sobre todo en materia energética. Sería un problema para toda la región pero también para él: el retiro de las multinacionales radicadas en el país supone también el de casi todo el saber técnico para la extracción y transporte de petróleo y gas.

La renuncia de Mesa fue un homenaje a la mediación del episcopado católico, que busca poner el poder en manos del único titular de una institución con cierto reconocimiento de los sectores indigenistas. Es el presidente de la Corte, Eduardo Rodríguez, quien providencialmente tiene asiento en Sucre y no en la sitiada La Paz. Un sólo déficit podría tener el encumbramiento, al solo efecto de convocar a elecciones para agosto, de este administrativista: su vinculación con Gonzalo Sánchez de Lozada, la «bestia negra» de todo el movimiento indigenista. Este ex mandatario, que abandonó el gobierno subido a un helicóptero, está encausado en la Corte por la represión sangrienta que dispuso mientras caía del poder.