Bogotá - Jaques Thomet, director de la agencia «France Press» en Bogotá en la época (año 2002) en que las FARC secuestraron a la ex senadora y ex candidata presidencial franco-colombiana Ingrid Betancourt, escribió un libro de sugestivo título, que a más de un funcionario argentino le vendría bien leer: «¿ Ingrid Betancourt: historia sentimental o razón de Estado?». Allí hace referencia a un episodio que, considerando el desconocimiento internacional de que ha hecho gala reiteradamente este gobierno, no sorprende que ignore: en julio de 2003, Francia estuvo a punto de violar la soberanía territorial colombiana para llevar a cabo un rescate por la fuerza, metodología que hoy condena. Thomet afirma que esa abortada operación fue motivada por la amistad que unía al entonces canciller francés, Dominique de Villepin, con la familia Betancourt. El comando francés que, actuando con absoluto desconocimiento del gobierno colombiano, se proponía rescatar a Ingrid fue interceptado por fuerzas brasileñas en la zona amazónica de ese país cercana a Colombia.
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Como explicación a su alineamiento con la posición del presidente venezolano, Hugo Chávez, respecto del conflicto desatado entre Colombia y Ecuador a partir de la muerte de un alto jefe de las FARC, la cancillería kirchnerista ha afirmado que «el respeto de la soberanía territorial es un principio inviolable en el derecho internacional; nada ni nadie puede justificar su violación».
Esto es indiscutible, pero semejante declaración de principios resultaría más creíble si no la formulase un gobierno que ha promovido la violación de la propia soberanía jurídica de la Argentina al admitir -y casi promover- que tribunales de otros países juzguen a ciudadanos argentinos por hechos ocurridos en nuestroterritorio, en desconocimiento pleno de que no hay leyes superiores a las de la República Argentina. La soberanía jurídica, no por menos tangible es menos fundamental que la territorial para la existencia y la dignidad de una Nación.
Terceros
Por otra parte, esta misma administración ha desconocido en terceros el principio que ahora declara inviolable, al inmiscuirse -bajo la excusa humanitaria- en los asuntos internos de Colombia, lo que constituye si no una violación, al menos un desconocimiento de la soberanía política de una Nación hermana. La presidente Cristina Fernández no consideró necesario consultar con su par colombiano, Álvaro Uribe, antes de sumarse a una campaña promovida por Francia, país que, con el objetivo -loable- de obtener la liberación de Betancourt, ha rozado varias veces la injerencia.
Aquel episodio del rescate frustrado, que de hecho implicó una violación del espacio aéreo brasileño, no tuvo mayores consecuencias merced a la sensatez diplomática y la prudencia política exhibida en la ocasión por los gobiernos de Brasil y Colombia, conducta que hoy habría que sugerirles imitar a los exaltados presidentes de Ecuador y Venezuela, si de verdad se quiere contribuir a la paz en la región.
El conflicto colombiano no estaba en el radar del actual gobierno argentino pese a sus declamaciones latinoamericanistas. El tema fue puesto en la agenda por razones de terceros -antes personales, hoy político-mediáticas- y no por motivaciones propias de la región: es decir, contribuir al fin de la violencia terrorista en un país hermano. Quizá resida allí la explicación para la total ausencia de condena por parte del kirchnerismo al accionar de las FARC.
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