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Casi en paralelo a la difusión de la nueva cifra de muertos, se supo que el gobierno nacional decretó tres días de luto y envió otros 53 millones para trabajos de asistencia.
Mientras, los centenares de miembros de la Fuerza Nacional de Seguridad enviados a la zona comenzaron a patrullar los alrededores de Teresópolis ante las denuncias de saqueos a casas desocupadas, aunque las autoridades de la ciudad relativizaron esas denuncias.
La cifra de muertos puede aumentar en forma notable si se atiende al dato de las autoridades de que existen zonas de muy difícil acceso, en las que, suponen, las víctimas pueden contarse por decenas.
"No se pueden hacer proyecciones, pero ya sabemos que hay mucha gente (muerta) a partir de lo que nos dicen los bomberos... En el área rural se dice que hay mucha gente enterrada" bajo el barro, lamentó el vicegobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao.
Unas 10 mil personas debieron dejar sus viviendas y miles de damnificados están alojados en albergues armados por las autoridades e iglesias.
Defensa Civil y el Ejército llegaron hasta barrios donde muchas viviendas están al borde del derrumbe para instar a sus habitantes a que dejen el lugar, pese al temor de robos o saqueos.
En tanto, unos 100 cadáveres comenzaron a entrar en estado de descomposición en el Instituto Médico Legal la ciudad de Teresópolis, cuya morgue sólo puede albergar los restos de 8 personas. Se estima que esos cuerpos serán enterrados como NN, sin que llegue el reconocimiento de parte de familiares.
Aunque ese paso está prohibido por ley (un entierro sin identificar a la persona), el Poder Judicial de Río de Janeiro, el Ministerio Público y la Orden de Abogados de Brasil difundieron un documento autorizando la variante ante la emergencia.




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