Los 43 jóvenes fueron asesinados y sus restos quemados y desaparecidos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó enfáticamente hoy que instituciones de su Gobierno hayan ocultado información clave sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014 a la comisión de expertos independientes creada para investigarla, que denuncia una "simulación" en las pesquisas.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
"Se está entregando toda la información, se ha entregado, se han abierto los archivos como nunca y no se oculta absolutamente nada", dijo el mandatario durante su habitual rueda de prensa matutina, informó la agencia de noticias AFP.
Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 los 43 jóvenes, estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecieron en la localidad de Iguala, en el estado sureño de Guerrero, previo a unas manifestaciones estudiantiles.
El mandatario mexicano subrayó que su Gobierno está comprometido "a dar a conocer lo que sucedió con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa".
Ayer, una comisión de expertos acusó a autoridades mexicanas de haber ocultado información clave sobre el caso, uno de los peores episodios de violación de derechos humanos en México, que en su momento generó una amplia condena internacional.
Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un órgano creado en 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para indagar el caso, dijo que ha habido una "simulación" por parte de algunas autoridades para hacer creer que cumplen la instrucción de López Obrador de facilitar las averiguaciones.
Al presentar el tercer informe del grupo, Buitrago dijo que "hubo personas que generaron una simulación a la orden de entregar los documentos. Hoy todavía hay instituciones que no entregan" ese material.
El 26 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes se dirigieron a Iguala para hacerse con micros que querían usar en unas manifestaciones.
Según la llamada "verdad histórica" que planteó el Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron detenidos y entregados por policías locales a narcotraficantes del Cártel Guerreros Unidos al ser confundidos con integrantes de una banda enemiga.
Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, de acuerdo con esa tesis, rechazada por familiares de las víctimas, el Gobierno de López Obrador, el GIEI y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El GIEI dijo también que miembros de la Marina participaron en la manipulación de pruebas durante las primeras investigaciones del caso en el basurero de Cocula.
En respuesta, López Obrador agregó que se investigará a los líderes de la Marina que participaron en ese operativo.
"Se dio la instrucción de que investigara a los jefes de la Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la fiscalía todos los que participaron", señaló.
Dejá tu comentario