Río de Janeiro - Los fiscales del caso Lava Jato planearon durante meses direccionar pruebas para solicitar un impeachment (juicio político) contra Gilmar Mendes, juez del Supremo Tribunal Federal (STF), una acción ilegal, revelaron ayer The Intercept y el diario El País, en un nuevo capítulo del escándalo sobre la parcialidad de la megainvestigación sobre corrupción en Brasil. De acuerdo a mensajes que el sitio The Intercept recibió de un hacker, los fiscales liderados por Deltan Dallagnol, fiscal relator de Lava Jato, dedicaron meses a examinar sentencias de Mendes -un crítico de los excesos cometidos por los fiscales y el juez Sérgio Moro en la causa- para poder pedir su destitución o sumarlo como sospechoso en la red de sobornos y corrupción que salpicó a toda la dirigencia política y empresarial del país.
Los fiscales de Lava Jato trataron de inculpar a un juez del Supremo
Una nueva revelación de chats demostró animosidad contra el magistrado Gilmar Mendes. Ese tipo de investigación está prohibida por la Constitución.
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Al no tener éxito, fueron más allá de sus competencias constitucionales e intentaron vincular al juez del STF con un condenado en la mega causa.
De acuerdo a El País, que accedió a conversaciones de los fiscales en un grupo de Telegram, los investigadores “se mostraron particularmente animados el 19 de febrero de este año” con la detención de Paulo Vieira de Souza, conocido como Paulo Negro, sospechoso de ser testaferro de políticos del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
En la conversación, iniciada por Dallagnol, los fiscales debaten de qué manera conseguir que Mendes, que había concedido dos hábeas corpus a Paulo Negro, apareciera como beneficiario de cuentas y tarjetas que el condenado tenía en Suiza.
Una acción totalmente ilegal, ya que “investigar hechos relacionados con un miembro de la corte suprema sobrepasa sus competencias constitucionales”, señaló El País.
De acuerdo al artículo 102 del texto constitucional, un integrante del Supremo sólo puede ser investigado si el resto de los jueces del máximo tribunal lo autorizan, con la excepción de que aparezca una investigación en curso, en cuyo caso correspondería a la Fiscalía General realizar la pesquisa.
En los chats, que se suman a otros difundidos por The Intercept donde se demuestra que el juez de Lava Jato, Sérgio Moro -hoy ministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro- direccionó la investigación para enviar a la cárcel al expresidente Lula da Silva y frustrar su regreso a la política, los fiscales ironizan la posibilidad de investigar a Mendes “accidentalmente”.
“Si se confirma que son uña y carne, será un escándalo”, escribió Dallagnol sobre la relación próxima entre el magistrado y Paulo Negro. Y sugirió: “Vale la pena ver las llamadas de PN (Paulo Negro) a los teléfonos del Supremo”, después de que sus compañeros alertaran que investigar a Mendes era un acto ilegal.
“Los fiscales sacan conclusiones completamente irresponsables. Me parece que es la revelación de un cuadro de desmanes”, reaccionó Mendes.
Según el fiscal a cargo de la operación Lava Jato, las sospechas sobre el juez del STF surgieron por rumores en el grupo de investigadores en San Pablo sobre que Paulo Negro era su testaferro. Consultados por el diario El País, los investigadores paulistas negaron la existencia de esos rumores. Mientras que la Fiscalía de Curitiba aclaró en un comunicado que no existen pruebas de que ningún condenado haya tenido vínculo delictivo con algún magistrado. “Los mensajes analizados indican que Dallagnol busca sistemáticamente maneras de apartar de Lava Jato a Mendes”, escribió El País. “Sueño con que Toffoli (actual presidente del STF) y GM acaben fuera jajajaja”, se lee en una conversación.



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