La Paz (Reuters) - Mineros desempleados y sin jubilación amenazaron ayer con nuevos «sacrificios» tras la dramática inmolación de uno de ellos el martes en la sede del Congreso de Bolivia.
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«Estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas, uno a uno o de manera colectiva», declaró a periodistas el presidente de la Asociación de Ex Trabajadores Mineros, Félix Condarco. El dirigente anunció que 2.500 mineros sin trabajo o jubilación se concentrarán en las próximas horas en La Paz para protestar por la falta de atención oficial a los trámites y pagos de sus pensiones.
El minero desocupado Eustaquio Picachuri se inmoló el martes en un vestíbulo del Palacio Legislativo de Bolivia al detonar una carga con ocho cartuchos de dinamita que llevaba amarrada al cuerpo. La explosión, en la que pereció el ex trabajador, provocó también la muerte del teniente coronel Marvel Flores, comandante de Seguridad Policial en el Congreso -que negociaba infructuosamente con el suicida-y del cabo René Amurrio, un bombero de patrullas policiales desplazadas al lugar, en un acceso lateral de la sede legislativa.
Otros 10 policías, entre ellos, el director nacionalde Inteligencia, coronel Juan Carlos Saá, seis oficiales y tres bomberos resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad. «No soy asesino, no soy terrorista, pero estoy decidido a morir. Sólo quiero que me traigan mi plata», exclamó Picachuri repetidamente antes de sorprender a sus interlocutores uniformados y detonar los explosivos, según versiones periodísticas.
Picachuri, de 47 años y padre de siete hijos (tres de ellos fallecidos cuando niños), fue retirado en 1992 de su fuente laboral en el distrito minero de siglo XX que controla la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), a unos 350 kilómetros al sur de La Paz. El ex trabajador pretendía desde hace siete años obtener la devolución de sus aportes al sistema de pensiones o la aprobación de su jubilación.
«Las autoridades se hicieron la burla de él durante todos estos años,» dijo a reporteros de televisión, en llanto, su hija mayor, Severina.
La inmolación del minero desocupado no tuvo ninguna «connotación política» contra la estabilidad institucional del país, afirmó el presidente Carlos Mesa. El gobierno del ex vicepresidente Mesa surgió en octubre de una revuelta popular que derribó al entonces presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, tras dos semanas de violencia callejera que dejaron unos 70 muertos y 200 heridos.
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