Lula impuso en Brasil su reforma previsional
Luiz Inácio Lula Da Silva disfrutó ayer del mayor éxito de su gestión de siete meses: la aprobación de su proyecto de reforma previsional en la Cámara de Diputados. El plan generará fuertes ahorros para el futuro, lo que constituye una importante garantía de solvencia fiscal. Además, elimina una serie de privilegios de los empleados estatales que irritan a la sociedad brasileña. En defensa de esas prerrogativas, miles de manifestantes protestaron ayer frente al Congreso y protagonizaron incidentes. Anticipando los tiempos para la aprobación de la reforma, Lula puso fin a algunas especulaciones acerca de una supuesta falta de decisión de su gobierno. Su logro se destaca más por el hecho de que Fernando Henrique Cardoso no pudo imponer un plan similar durante sus ocho años en el poder. Por otra parte, se hace ahora inevitable la expulsión del Partido de los Trabajadores de los legisladores que desobedecieron la orden partidaria de votar por la reforma, con lo que el gobierno ganará en coherencia. Mientras, éstos prometen fundar una nueva agrupación que representará a los descontentos de las reformas.
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Teniendo en cuenta el rechazo tradicional del PT y de muchos de sus aliados en el gobierno a esta reforma, esta victoria de Lula, que en siete meses ha conseguido lo que su predecesor Fernando Henrique Cardoso no logró en ocho años, tiene todavía mayor significado.
Aunque no constituye un gran alivio a corto plazo, la reforma es considerada una trascendente garantía de salud a futuro de las finanzas públicas: el gobierno calcula que ahorrará unos 56.000 millones de reales (18.300 de dólares) en los próximos 20 años.
Enfurecidos, manifestantes mostraron ayer ataúdes con el rostro de Lula, quemaron banderas y carnés de afiliación al PT y tildaron al presidente de «traidor». Los empleados públicos son una parte muy importante de la base tradicional de votantes de esa agrupación, y los privilegios de los que gozan resultan irritativos para gran parte de la sociedad.
Dos guardias de seguridad del Congreso y dos manifestantes resultaron heridos en la manifestación frente al Congreso y una persona fue detenida tras un enfrentamiento entre policías y manifestantes que invadieron el edificio del Congreso.
Alrededor de las 14, hora local, un grupo de manifestantes subió a la rampa del Congreso para intentar ingresar en la Cámara de Diputados. Frenados por los agentes, algunos de ellos -los más violentos-comenzaron a tirar piedras contra los vidrios del edificio.
En el medio de la confusión, dos manifestantes que habían sido detenidos por la policía fueron liberados y salieron escoltados por la senadora Heloísa Helena y los diputados Ivan Valente, Walter Pinheiro, Joao Fontes, Luciana Genro y Joao Batista Araújo.
Lula -que denunció el «vandalismo» de los militantes- logró hacer aprobar algunos de los puntos más difíciles de esta reforma después de hacer importantes concesiones a sus aliados. El más polémico fue el límite impuesto al salario de los jueces de los estados. El proyecto aprobado lo fijó en 85,5% del salario de los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF), después que el ejecutivo propusiera 75% y la magistratura exigiera 90,25%. Los jueces anunciaron que recurrirán al STF para anular esta medida, por lo que el tema podría modificarse en la Corte.
El proyecto gravó también en 11% a las pensiones superiores a los 1.200 reales (unos 400 dólares), fijó que quienes ganen hasta 2.400 reales por mes (unos 800 dólares) se jubilarán con el salario integral, pero por encima de esa cantidad se aplicará una reducción de 50%.
También se aprobó la creación de fondos de pensión complementarios cerrados y públicos para los nuevos funcionarios que se incorporen a la administración después de que entre en vigor la ley.
• Edades
La reforma también prevé el aumento de la edad de jubilación a 60 años para los hombres (antes 55) y 55 para las mujeres (antes 48) que actualmente son funcionarios públicos. Además, abre la puerta a los 40 millones de trabajadores del sector informal a adherirse a la Seguridad Social mediante el pago de una tasa de 8% del salario mínimo (80 dólares mensuales), menos de la mitad que los trabajadores del sector formal.
Varios diputados presentaron proyectos enmiendas al proyecto aprobado. La que más preocupa al gobierno es la de su aliado, el Partido Liberal, al que pertenece el vicepresidente José Alencar, que quiere subir el techo del salario de los jueces de los estados. Este proyecto de reforma debe ser votado por segunda vez en el plenario de la Cámara antes de pasar al Senado.




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