México anunció inédita demanda contra 11 empresas de EE.UU. por facilitar el tráfico ilegal de armas

En la medida civil, impuesta en un tribunal de Massachusetts, el Gobierno de López Obrador dijo que los señalados han realizado acciones "deliberadas" para ingresar su producción al país, la cual termina en manos de organizaciones criminales.

ARSENAL. Durante las redadas contra las bandas criminales, las fuerzas mexicanas han incautado todo tipo de armas, incluso de guerra. 

Ciudad de México - El gobierno de México demandó ayer ante una corte federal de Estados Unidos a varios fabricantes de armas en ese país, a quienes acusa de abastecer al mercado criminal local y a los que reclama una compensación económica que podría alcanzar los 10,000 millones de dólares.

Desde hace años, varios gobiernos mexicanos han pedido a Washington hacer más para frenar el tráfico ilegal de armas, pero es la primera vez que el reclamo llega a los tribunales, impulsado por el interés del presidente Andrés Manuel López Obrador de hallar nuevas formas de atajar el problema.

La inédita demanda civil, interpuesta ante una corte federal de distrito en Massachusetts, acusa a unidades de Smith & Wesson ; Barrett Firearms; Colt’s Manufacturing Company; Glock Inc.; Sturm, Ruger & Company y otras de “prácticas negligentes” que facilitan el tráfico ilegal de sus productos a México.

Según el documento, durante décadas las autoridades y la población del país latinoamericano han sido víctimas de “una avalancha mortal de armas de estilo militar y otras particularmente letales que fluyen desde Estados Unidos a través de la frontera hasta manos criminales”.

El texto asegura que no se trata de un fenómeno natural o una consecuencia inevitable del negocio sino “el resultado previsible de las acciones deliberadas y las prácticas comerciales de los demandados”.

“Los acusados diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de una manera que saben que habitualmente arman a los cárteles de la droga en México”, denuncia. Entre otras cosas, los productos son fácilmente modificables para convertirse en automáticos y, por tanto, más letales, agrega.

El Gobierno cuestiona a esas compañías por desafiar las recomendaciones de autoridades de ambos países para prevenir el comercio ilegal. “En su lugar eligen continuar abasteciendo al mercado criminal de armas en México, porque se benefician de ello”, apunta.

La cancillería estima en medio millón anuales las armas que entran al país de forma ilegal y que llegan a manos del crimen organizado.

De acuerdo con la demanda, “casi todas las armas recuperadas en las escenas del crimen en México -entre el 70% y el 90% de ellas- fueron traficadas desde Estados Unidos”.

En conferencia de prensa, el canciller Marcelo Ebrard reveló que la fiscalía general y su contraparte estadounidense trabajan en acciones legales contra los traficantes de armas en territorio de Estados Unidos, pero reconoció también que su país debe mejorar los controles que impone.

“México tiene que hacer más y mejor para controlar su frontera”, admitió Ebrard, aunque argumentó que el recurso jurídico, en caso de resultar exitoso, puede servir para que las empresas armamentísticas dejen de actuar de esa forma.

Entre los casos incluidos en la demanda en los que supuestamente fueron usadas armas de esas compañías en México figura un choque entre militares y sicarios de uno de los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuando fue detenido y liberado en un operativo fallido en octubre de 2019.

Desde 2006, cuando el gobierno lanzó su fallida ofensiva contra el crimen, han muerto al menos 33.000 personas en forma violenta, y sólo el año pasado perecieron 34.515, de las cuales el 70% por armas de fuego.