Tres explosivos estallaron esta madrugada en el centro del Distrito Federal de México sin dejar víctimas ni heridos y, pese a que nadie se las atribuyó, no pocos análisis los vincularon con la crisis en el sureño estado de Oaxaca.
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La oficina del Tribunal Electoral, la sede central del Partido Revolucionario Institucional (PRI, opositor en el nivel nacional pero gobernante en Oaxaca) y una sucursal bancaria fueron afectadas por las explosiones, y un cuarto artefacto logró ser desactivado, en un hecho que el gobierno condenó con dureza.
Como las bombas estallaron mientras el estado de Oaxaca vive una aguda crisis política, las primeras miradas posteriores al hecho apuntaron hacia ese lado, aunque ninguna voz se alzó para relacionar de modo directo a los atentados con el movimiento popular que exige la renuncia del gobernador Ulises Ruiz.
Una de las bombas estalló en la sede del Tribunal Nacional Electoral, el principal organismo electoral del país; otra, frente a la fachada del auditorio Plutarco Elías Calles, del PRI, y una tercera, en la sede del Scotiabank, en la Plaza Comercial Club de Golf.
En ninguno de los casos se registraron muertos ni heridos, y los daños se limitaron a destrozos materiales.
Pero además, la Policía desactivó otro artefacto, frente a otra sucursal del Scotiabank, y debió desalojar la Secretaría de Relaciones Exteriores (la cancillería mexicana) por una amenaza.
Se produjeron amenazas de bombas en la Torre Mayor, el edificio más alto de la ciudad; en una sede del gubernamental Instituto Mexicano del Seguro Social, y en el Ministerio de Gobernación.
La Presidencia de la República señaló que no prevé reforzar la seguridad de la Casa Presidencial y destacó que la integridad en la residencia oficial de Los Pinos "está garantizada" debido a "los altos estándares" en el sistema de protección de que disfruta.
A la hora de las condenas nadie vinculó directamente los hechos con las protestas de Oaxaca, pero hubieron dos declaraciones que apuntaron hacia allá.
El secretario de la Gobernación, Carlos Abascal, consideró los hechos como producto de "una violencia absolutamente despreciable" y destacó que el Ejecutivo "está trabajando para solucionar el conflicto en Oaxaca".
En una línea similar, y a través de un comunicado, el presidente electo, Felipe Calderón, condenó los estallidos y sostuvo que "toda demanda política o inconformidad social debe resolverse a través de los cauces institucionales y en pleno respeto a la legalidad".
En una réplica tácita, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en la que se agrupan los movimientos que exigen la salida del gobernador de ese estado, condenó las explosiones y aclaró, a través de su líder, Flavio Sosa, que la organización "no tiene nada que ver" con las bombas.
En declaraciones radiales, Sosa destacó que la lucha de la APPO es "popular y pacífica, y no necesita acciones de otro tipo".
Por su parte, el jefe de gobierno del distrito federal, Alejandro Encinas, cuestionó "estos hechos de provocación que atentan contra la armonía y tranquilidad de los capitalinos, y crean un clima de incertidumbre, que en el momento actual atenta contra la vida democrática y la paz en el país".
El portavoz de la Presidencia, Rubén Aguilar, dijo, en tanto, que estos hechos "no contribuyen a la construcción de un ambiente de tranquilidad y de paz, que es el ambiente que merece una sociedad que ha optado por la vía democrática y por resolver cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de diferencia por la vía del diálogo y la política".
Como coletazo de las explosiones, el secretario de Seguridad Pública de la capital, Joel Ortega, anunció que incrementó la vigilancia en puntos estratégicos, como las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las embajadas y los edificios donde funcionan las cámaras legislativas.
Ortega admitió además que hasta esta tarde no se contaba con pistas sobre los autores de las explosiones y que sólo se halló la alforja en la que se encontraba la cuarta bomba, desactivada frente a una sucursal bancaria.
El funcionario precisó que las bombas eran de fabricación artesanal pero de alto poder explosivo, con cinco kilos de hidrogel y activadas mediante un mecanismo de reloj.
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