Oposición va a tribunales contra reforma propuesta por Lula

El opositor Partido del Frente Liberal (PFL) presentó hoy ante la Justicia brasileña una demanda contra el proyecto de reforma del sistema de jubilaciones impulsado por el gobierno del socialista Luiz Inácio Lula da Silva.

La demanda, presentada ante el Supremo Tribunal Federal, pretende suspender la votación del proyecto que el Ejecutivo intenta realizar entre hoy y mañana en la Cámara de Diputados.

Parlamentarios del PFL explicaron a periodistas que su partido rechaza una serie de cambios previstos en el proyecto, como el cobro de impuestos sobre los sueldos de funcionarios jubilados.

La decisión de protestar ante la justicia fue tomada después que el pleno de la Cámara de Diputados rechazase hoy un pedido del PFL para aplazar la votación de la reforma, a fin de discutir puntos considerados polémicos.

El PFL fue uno de los partidos de la coalición de gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 y 1999-2002) y ayudó a obstaculizar las acciones del socialista Partido de los Trabajadores, que lidera Lula, mientras era oposición.

No obstante, pese a haber integrado la base oficialista, a mediados del año pasado, y debido a divergencias con otros partidos oficialistas, el PFL se retiró de la coalición de Cardoso.

El PFL, oficialmente, no respaldó a ningún candidato en las elecciones presidenciales de octubre pasado, pero muchos de sus principales dirigentes no acataron esa decisión y apoyaron al entonces candidato Lula.

Actualmente, el partido ha acabado con esa dualidad, se ha unido y promete que sus 18 senadores y sus 72 diputados votarán contra la reforma del sistema de jubilaciones que propone el Gobierno.

El PFL es la segunda minoría en la Cámara de Diputados y la primera en el Senado.
El Parlamento cuenta con un total de 81 senadores y 513 diputados.

Las fuerzas de oposición, algunos sectores sindicales, entre los que destacan los empleados públicos federales, y hasta varios legisladores de la base oficialista se oponen a una serie de cambios impulsados en el proyecto.

La reforma del sistema de previsión nacional, que afectará a empleados de los sectores público y privado, establece entre otras medidas un techo máximo de 2.400 reales (792 dólares por el cambio actual) para las pensiones.

Además, propone el cobro de impuestos sobre aquellas jubilaciones del sector público que superen los 1.058 reales (unos 350 dólares).

El proyecto también aumenta en siete años la edad para que los funcionarios puedan solicitar sus jubilaciones, que actualmente es de 48 años para las mujeres y 53 para los hombres.

Lula, que tiene el apoyo de la mayoría de la población, según recientes encuestas de opinión, y espera que ese proyecto esté aprobado antes de noviembre próximo en el Congreso, alega que la reforma tiene el objetivo de aumentar "la igualdad" en Brasil.

Añade que esa reestructuración también es necesaria para evitar la bancarrota de las arcas públicas.

En el país existen jubilados, sobre todo ex empleados públicos, que cobran hasta 40.000 reales (unos 13.200 reales) y cesaron sus actividades con menos de 50 años de edad, beneficiados por normas de la actual legislación.

Preocupados por la posible pérdida de muchos de sus beneficios, altos cargos del Estado federal organizaron una huelga que hoy cumplió un mes y cuenta con el apoyo de un 70 por ciento de los 900.000 empleados públicos, según distintas fuentes.

Decenas de empleados públicos se enfrentaron hoy con la policía y otros agentes de seguridad del Congreso, donde se intentaba realizar la votación de la polémica reforma.