Paro general en Uruguay contra la economía de Batlle

La central única de trabajadores del Uruguay, PIT-CNT, logró hoy alta adhesión a su sexto paro general contra la política económica del presidente Jorge Batlle, en medio de una huelga que desde hace más de dos semanas llevan adelante médicos y empleados de la salud pública.

La alta participación de los trabajadores en las movilizaciones que hoy ya realizó la central sindical PIT-CNT fue destacada por el dirigente sindical Luis Puig, quien precisó que "hay un buen acatamiento al paro y (se prevé también) alta participación, de miles de trabajadores, en los actos previstos frente a los hospitales ocupados".

Entre tanto, la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), en huelga desde el pasado 11 de agosto en reclamo de mejores salarios, ocupó hoy un sexto hospital en los suburbios de Montevideo (ya tenía bajo su control cuatro hospitales ocupados en la capital uruguaya y uno en el interior del país).

Por su parte, el dirigente del Plenario Intersindical de Trabajadores- Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), Jorge Castro, dijo que "el 7 de diciembre convocamos a un plebiscito contra la ley que pretende privatizar la empresa petrolera y la de agua. Por esa razón, uno de los principales ejes del paro de hoy es en defensa del patrimonio nacional".

Asimismo, el dirigente sindical explicó que entre los reclamos está el de la "convocatoria a los Consejos de Salarios para la fijación de los sueldos en las distintas ramas de actividad; contra la ley de flexibilización laboral enviada al Parlamento por el Ejecutivo; por un aumento salarial y contra el incremento de tarifas que comenzaría a regir a partir del 1 de septiembre".

Este aumento de tarifas dispuesto por el Ejecutivo a través de la Secretaría de Planeamiento y Presupuesto abarca a la energía eléctrica y a las telefónicas, y estuvo precedido ayer por un incremento generalizado de los combustibles, que en el caso de los de consumo popular alcanzó el 11 por ciento.

"La situación de la salud pública es bastante complicada porque hasta el mediodía de hoy no hubo respuesta alguna por parte del Gobierno a los reclamos de mejoras salariales y no se avizora ninguna solución", explicó Castro.

El ministro del Interior, Guillermo Stirling, denunció que durante el paro general hubo lanzamiento de piedras contra siete unidades del transporte colectivo, mientras que las cubiertas de otros dos autobuses quedaron destrozadas por la siembra de clavos miguelitos en calles de la ciudad. "No hay noticias de otros incidentes", destacó el ministro.

La paralización de actividades afectó totalmente a las oficinas y empresas públicas, bancos oficiales y privados, la enseñanza y la industria, mientras los trabajadores de la salud continuaron su escalada de ocupaciones de centros de asistencia estatales.

Como en anteriores paros, la mayoría de los comercios abrió sus puertas en los horarios habituales en todas las ciudades del país.

Una proclama gremial subrayó que, mientras se anuncian subas en las tarifas de los servicios públicos, "caen los salarios, se recortan las inversiones en educación, vivienda y salud y persiste una desocupación que no tiene remedio dentro del esquema de país diseñado por la estrategia neoliberal".

Agregó que "la lucha de los trabajadores de la salud pública es una lucha de todo el movimiento sindical", en alusión a la huelga que mantienen unos 12.000 empleados del sector, cuyos sueldos se consideran, incluso a nivel oficial, extremadamente bajos.

La situación social en Uruguay se agravó cuando el país entró en recesión en 1999, y sólo en 2002 el Producto Bruto Interno (PBI) registró una caída de 10,8 por ciento, en tanto la desocupación llegó en noviembre de ese año a casi 20 por ciento y hoy se ubica en 17,5 por ciento.

También el año pasado se precipitó la más grave crisis financiera del país, en gran parte reflejo de la crisis argentina, con masivo retiro de depósitos, caída de reservas y una pérdida de poder adquisitivo que derivó en una retracción del consumo interno.

Los trabajadores de la salud reclaman un aumento salarial de 2.000 pesos (unos 70 dólares), pero hasta ahora el gobierno dijo que sólo puede otorgar la mitad de esa suma, porque debe preservar "el equilibrio fiscal".

Los empleados en conflicto aguardan la respuesta del ministro de Economía, Isaac Alfie, a una fórmula elaborada por una comisión parlamentaria especial para mejorar la oferta salarial del gobierno y que cuenta con el respaldo del PIT-CNT.