El tratado establece un sistema internacional de visitas de inspección a centros de detención, cuarteles policiales y prisiones. Alegando que el tratado no tenía consenso y podría violar la Constitución estadounidense, este país trató de impulsar una enmienda para extender el debate sobre el tema. Sin embargo, la enmienda fue rechazada por 29 votos contra 15, con ocho abstenciones.
A mediados de julio, el Consejo de Seguridad de la ONU zanjó una ardua contienda entre Estados Unidos y la mayoría de los gobiernos del mundo sobre la entrada en vigencia del Tribunal Penal Internacional (TPI), eximiendo por 12 meses prorrogables a los cascos azules y civiles de EE.UU. de la jurisdicción de esa corte.
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