Montevideo (corresponsal) -Una sorda pulseada por la orientación de la futura política económica y la nueva estructura impositiva se está instalando en el Encuentro Progresista Frente Amplio/Nueva Mayoría, a dos días de haber ganado las elecciones presidenciales su candidato Tabaré Vázquez, quien ha prometido un gobierno moderado y de integración con otros sectores políticos, especialmente los sectores blancos que acompañaron a su principal adversario, Jorge Larrañaga.
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El pago de la deuda externa y la presunta aplicación de nuevos impuestos al agro y a la renta de las personas físicas genera discusiones internas por la repercusión que tendrá en inversores externos, fundamentalmente argentinos.
Si bien el futuro ministro de Economía, Danilo Astori, negó imposiciones al agro, persiste el temor de que se aplique una retención encubierta. Para ello se esgrimen declaraciones del propuesto titular de Agricultura, Ernesto Agazzi, un ingeniero que proviene del riñón del senador y ex tupamaro José Mujica, cuya corriente Movimiento de Participación Popular se adjudicó más de 30% de los votos obtenidos por Vázquez, logrando colocar 6 senadores, varios diputados, y aspira a manejar otros dos ministerios -Industria y Turismo- y varias secretarías. Agazzi habló de blanquear a los accionistas de las sociedades anónimas que invierten en el campo -un viejo proyecto del Frente y del sector blanco de Larrañaga- para cobrarles el impuesto a la renta de las personas físicas. Esa medida afectará a los argentinos que han realizado fuertes inversiones en la compra de campos o en el cultivo de la soja atraídos por las exenciones impositivas que hasta hoy tiene el agro uruguayo y que lo instrumentaban jurídicamente en sociedades anónimas.
• Impacto
También, ayer, declaraciones radiales de Mujica causaron un relativo impacto. Según dijo, el país no podrá pagar la deuda externa tal como está estructurada y que deberá renegociar -«roll over»- el pago de sus intereses en 2005 y 2006, pero siempre dentro de una política de acuerdos con el FMI. Sus dichos, por otra parte ya conocidos, tocaron un tema sensible, pero calificadoras internacionales, como Moody's, Standard and Poor's (que ratificó nota B para la deuda), BCP Securities y el Citibank, expresaron su confianza en que el gobierno de Vázquez mantendrá las reglas de juego de la economía.
Entre 2005 y 2006, Uruguay debe pagar u$s 1.500 millones a los organismos multilaterales de crédito y a acreedores privados, lo que significa 6 puntos y medio de su PBI.
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