Polémica inoportuna

Brasilia (AFP, ANSA) --El gobierno de Brasil tachó ayer de «inaceptable» el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, un día antes del inicio de una visita de George W. Bush al país.

La protesta brasileña fue divulgada en una nota oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. «El gobierno brasileño reafirma que no reconoce la legitimidad de informes elaborados unilateralmente por países, según criterios nacionales, muchas veces de inspiración política», señaló la nota.

También afirmó que « actitudes y evaluaciones unilaterales sobre tales temas son inaceptables», y retó «a todos los países, incluido Estados Unidos», a adoptar la práctica que Brasil asegura seguir: mantener «una invitación permanente a todos los relatores especiales de derechos humanos de la ONU, a quienes garantiza amplio acceso a entrevistas e informaciones».

Asimismo, el gobierno brasileño se declaró favorable a un «monitoreo imparcial» sobre los derechos humanos en los países. «Brasil está abierto al diálogo con todos lo mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos», concluyó.

Escándalos

El informe del Departamento de Estado menciona los escándalos de corrupción que implicaron al Ministerio de Salud, el Senado y la Cámara de Diputados el año pasado en Brasil, y también a la campaña a las elecciones presidenciales que llevaron a la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El informe también señala sobre Brasil que « miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos contra los derechos humanos».

Venezuela también repudió el informe. El fiscal general Isaías Rodríguez, y el defensor del pueblo (ombudsman), Germán Mundaraín, cuestionaron el documento por considerar que «está manipulado» y busca «debilitar las instituciones venezolanas ante la opinión internacional».

El defensor del pueblo ironizó con el informe, al señalar que merece la misma credibilidad que «la enciclopedia sobre ética y moral escrita por Al Capone».

El informe del Departamento de Estado señala que «la politización del sistema judicial, las restricciones para los medios de comunicación y el hostigamiento a la oposición política siguieron caracterizando la situación de los derechos humanos» en Venezuela el año pasado.