Ariel Sharon, el acosado primer ministro de Israel. La fiscalía se apresta a decidir su inculpación, lo que -según observadores- podría precipitar su renuncia.
Jerusalén (DPA, Reuters, EFE, ANSA) - La fiscalía de Israel recomendó ayer la presentación de cargos contra el primer ministro, Ariel Sharon, por un escándalo de corrupción, un hecho que, de concretarse, podría terminar provocando su salida del poder y dejar en la nada su plan para la evacuación de Gaza.
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El Ministerio de Justicia confirmó informes de prensa que habían señalado que el fiscal del Estado, Edna Arbel, sometió un borrador de acusación al fiscal general Menahem Mazuz, quien tendrá la palabra final sobre la suerte de Sharon, de 76 años, en el caso.
Sharon es sospechoso de haber aceptado sobornos por parte de un empresario de la construcción para favorecer sus negocios inmobiliarios y también un proyecto suspendido que contemplaba construir un paraíso turístico en una isla griega en el mar Egeo.
Mazuz tomará una decisión probablemente en abril y la fiscalía considera que las pruebas reunidas habilitan el procesamiento de Sharon, pero la policía sostiene que son insuficientes, según informó ayer el diario «Jerusalem Post».
Los fiscales de la causa contra el empresario de la construcción David Appel afirman que éste contribuyó además hace cuatro años a la campaña de Sharon para obtener el liderazgo del partido de derecha Likud, actualmente en el gobierno. Según la fiscalía, Appel pagó en 1999 entre 400.000 y 700.000 dólares a Gilad Sharon, hijo del premier, por supuestas prestaciones de «asesor» para las que éste no calificaba, a fin de camuflar los sobornos ofrecidos a su padre.
Pero Sharon niega haber tenido conocimiento del acuerdo entre Appel y Gilad, o utilizado su influencia para promover el complejo turístico que proyectaba el empresario en el Egeo, cuando siendo canciller recibió en 1999 al entonces alcalde de Atenas en Jerusalén.
Pese a los trascendidos de prensa y a la confirmación del Ministerio de Justicia, la oficina del premier guardó ayer silencio.
Cuando en enero fue formalmente acusado Appel, la oposición laborista anticipó que Sharon debería renunciar o al menos ser suspendido si se presentaban también cargos en su contra, pero el primer ministro dijo en todo momento que no dejaría sus funciones. La ley de Israel no impone la dimisión a un primer ministro procesado o condenado, pero la eventual presentación formal de cargos provocaría una tormenta política y ampliaría un escándalo de consecuencias imprevisibles. De hecho, el ministro de Infraestructura, Yoseph Paritzky, del partido laico de centro Shinui, salió ayer mismo a pedir la renuncia del premier en caso de que sea finalmente acusado por corrupción.
Sharon fue además investigado por su presunta corrupción en otros casos, entre ellos un préstamo millonario que le hizo el empresario sudafricano Ciryl Kern, presuntamente para devolver donaciones ilegales recibidas para la campaña electoral de 1999.
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