La ley, promulgada el 26 de octubre de 2001 tras los atentados del 11 de setiembre de ese año, amplió los poderes policiales contra presuntos terroristas y los mecanismos legales para espiara cualquier persona en cualquier lugar público o escudriñar sus documentos privados.
Las negociaciones entre las dos Cámaras del Congreso se han avinagrado en días recientes debido a que los senadores insisten en que la versión final del proyecto debería incluir más protecciones a los derechos civiles.
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