La Paz (AFP, ASN) - Una polémica ley de hidrocarburos dividió a Bolivia en dos corrientes encarnadas en el presidente Carlos Mesa, defensor de las inversiones extranjeras, y en el líder socialista Evo Morales, propulsor de una tendencia nacionalista.
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La Cámara de Diputados discute hace cinco meses un proyecto de nueva legislación, de corte nacionalista, propuesto por su comisión de Desarrollo Económico, tras desestimar el enviado por el Poder Ejecutivo. En este sentido, la propuesta de la comisión -avalada ampliamente por Morales- plantea elevar unilateralmente el pago de regalías, del actual 18% a 50%. En cambio, el gobierno propugna mantener el actual porcentaje de regalías y crear un Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH) de 32%, fórmula que no satisface a Morales y tampoco es vista con buenos ojos por las petroleras.
La ardua polémica irrumpió al momento de aplicarse los resultados de un referendo vinculante realizado en julio pasado y que, entre otros puntos, ordenó que se «cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras llegando a 50% del valor de la producción del gas y el petróleo en favor del país».
El punto subyace en la renuncia al cargo presentada el lunes por Mesa, quien alegó, a la luz de los conflictos sociales: «No voy a gobernar en función de las locuras que me plantee cualquier sector». Por su parte, Morales replicó que la ley propuesta por el Ejecutivo favorece íntegramente a los consorcios internacionales en desmedro de los intereses del Estado. Por esa razón, el líder cocalero encabezacortes de rutas, especialmente en el centro del país, para presionar por una legislación que aumente las regalías.
• Contratos amenazados
Veintiséis empresas -entre ellas Total (Francia), Petrobras (Brasil), British Gas (Gran Bretaña), Repsol YPF ( España), Exxon-Mobil (Estados Unidos) y Plus Petrol (Argentina)- enfrentan la amenaza de que sus 70 contratos sean anulados si el proyecto de ley sobre los hidrocarburos que defiende Morales es adoptado en los próximos meses por el Congreso.
Según analistas y fuentes oficiales, la anulación de los contratos podría provocar la estampida de las compañías extranjeras en perjuicio de las regiones gasíferas como Santa Cruz (este) y Tarija (sur), que poseen 85% de los yacimientos del país, además de una ola de juicios.
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