Raúl Castro alinea al PC y conmuta penas de muerte
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Raúl Castro habla ante el Comité Central del Partido Comunista Cubano junto a la silla vacía
de su hermano Fidel. Poco a poco, el nuevo dictador se va haciendo con el control de todos
los resortes del Estado.
Dando formalmente por terminada la «etapa de provisionalidad» en el poder, Raúl Castro anunció la creación de la Comisión del Buró Político del PCC: siete hombres -incluyéndolo- con el control de la política, economía y fuerzas militares, los mismos de la cúpula del Ejecutivo. Asimismo, incluyó a tres emblemáticos dirigentes al influyente Buró Político, entre ellos el comandante Ramiro Valdés, de 75 años, miembro del Consejo de Estado (Ejecutivo), ministro de Comunicaciones, y uno de los más cercanos a Fidel y Raúl desde hace medio siglo.
La consolidación del papel del partido permitirá «asegurar la continuidad de la revolución cuando ya no estén sus dirigentes históricos», subrayó Raúl Castro en su discurso el lunes a la noche ante el Comité Central. «En estos tiempos, y los que están por venir, resulta necesario y decisivo contar con instituciones políticas, estatales, de masas, sociales y juveniles fuertes», apuntó.
Para los analistas dentro y fuera de la isla, el congreso del PCC, que es el máximo órgano del país en su carácter de «fuerza dirigente de la sociedad y el Estado» que le confiere la Constitución cubana, es el paso que le faltaba a Raúl Castro para completar la concentración de poderes en la isla.
Desde que asumió la Presidencia, Raúl emprendió una reforma en la agricultura y comenzó eliminar el exceso de prohibiciones y limitaciones que pesan sobre los cubanos, permitiéndoles el acceso a hoteles, la compra de computadoras, DVD y microondas y contratar telefonía celular.
A dos meses de que la Unión Europea decida la posibilidad de levantar las sanciones que impuso en 2003 a Cuba por la condena a 75 opositores y el fusilamiento de tres secuestradores de una lancha, Raúl Castro anunció la conmutación de las penas de muerte. «Se ha adoptado esta decisión no por presiones, sino por acto soberano en consonancia con la conducta humanitaria y ética que caracteriza a la Revolución cubana desde sus inicios», justificó.
Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), ilegal pero tolerada por el gobierno, en Cuba hay actualmente alrededor de 30 condenados a muerte, que se habrían beneficiado con la conmutación de la pena.
«El anuncio es significativo», pero «lo verdaderamente relevante sería que el gobierno de Cuba aboliese de inmediato la pena de muerte, pues el Estado nunca debe matar», declaró el disidente Elizardo Sánchez, que preside la CCDHRN.
Para la oposición, que pide la liberación de todos los presos políticos -unos 240- y para Washington, los cambios y medidas son «cosméticos» y sólo buscan la perpetuación de los Castro en el poder.




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