La Paz (ANSA) - Sobrevivientes de los graves choques en Pando, Bolivia, atribuidos por el oficialismo a bandas armadas que actuaban por órdenes de dirigentes opositores, relataron ayer a una emisora local lo sucedido el jueves pasado, cuando murieron al menos 30 muertos, la mayoría campesinos cercanos al gobierno.
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El fiscal general de Bolivia ordenó ayer investigar y enjuiciar bajo el cargo de genocidio al prefecto (gobernador) de Pando, el opositor Leopoldo Fernández, y al ex alcalde de Cobija Miguel Becerra, quien estaba al frente de la columna de campesinos y de quien nada se sabe.
«Eramos más de mil en marcha hacia Pando y cuando llegaron militantes de los comités cívicos, nos escondimos en un gran agujero profundo. Cuando a las 3 de la mañana tratamos de salir, nos dimos cuenta de que estábamos rodeados de gente en camionetas que abrió fuego contra nosotros. Nos tiramos al río, pero dispararon al agua para matarnos», contó Zaida, una campesina de Filadelfia, a radio «Erbol».
«¿Cómo sabían dónde estábamos?», se preguntó la mujer, con la sospecha de que fue la policía la que los entregó.
Vanesa Yubacero, otra campesina, contó que la policía primero trató de hacerlos volver atrás, y luego los bloqueó, sin dar explicaciones.
«Esperábamos, pedíamos explicaciones, cuando de repente vimos aparecer varios vehículos. Fuimos rodeados sin tener tiempo de escapar», agregó Yubacero. «Disparaban contra los niños, apuntaban derecho al corazón. Había una mujer que no sabía nadar y sus hijos lloraban y gritaban: 'mamá no quiero que te maten'», recordó entre lágrimas.
Polémica
Yubacero rechazó las acusaciones del prefecto Fernández, según las cuales los campesinos estaban armados. «Teníamos sólo bastones», aseguró la mujer. Otra, de la localidad de Cobija, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, dijo que los responsables de la matanza «son empleados de la prefectura de Pando».
La columna campesina estaba encabezada por Miguel Becerra Suárez, jefe del Movimiento Amazónico de Renovación, que apoya al gobierno y cuyo paradero se desconocía hasta ayer.
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó ayer « enérgicamente los graves hechos de violencia» registrados en los últimos días.
La CIDH urgió al gobierno a impulsar «una investigación diligente sobre los hechos y a sancionar, de acuerdo con la ley, a los responsables de los asesinatos y de las acciones de violencia contra personas y bienes públicos y privados».
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