Antonio Patriota renunció al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil
El canciller brasileño Antonio Patriota renunció al cargo después de la llegada al país del senador opositor boliviano Roger Pinto Molina, sacado clandestinamente de La Paz.
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Según la Presidencia, Patriota será reemplazado en el comando de la política externa brasileña por el actual representante de Brasil en la ONU, Luiz Alberto Figueiredo, cuyo cargo será ocupado por el ministro saliente.
El portavoz de Rousseff, Thomas Trautmann, afirmó que la mandataria "aceptó el pedido de renuncia" presentado por Patriota durante una reunión realizada en la sede del gobierno, y que se prolongó por unos 50 minutos.
La salida de Patriota, quien comandaba el Ministerio de Relaciones Exteriores desde la investidura de Rousseff, en enero de 2011, se debió a la operación de traslado de Pinto a Brasil.
La fuga del senador de la opositora Convergencia Nacional fue organizada por el diplomático Eduardo Saboia, el encargado de negocios de la embajada brasileña en La Paz, donde el senador estaba refugiado desde hace 455 días.
Asesores de Rousseff afirmaron que, ante el caso, que generó tensión en las relaciones entre Brasilia y La Paz, la situación de Patriota en el gobierno se había vuelto "insostenible".
Saboia asumió la responsabilidad exclusiva de la decisión de organizar el traslado de Pinto a Brasil, y justificó su actitud afirmando que el legislador boliviano es "un perseguido político, así como lo fue la presidenta Dilma (Rousseff)".
"Yo elegí a la vida. Yo elegí proteger a una persona, a un perseguido político, como lo fue la presidenta Dilma", afirmó el diplomático en Brasilia, al aludir al encarcelamiento y a las torturas que enfrentó la actual mandataria en la década del 70, cuando integraba una organización clandestina de oposición a la dictadura militar que gobernó Brasil de 1964 a 1985.
Además, en una entrevista difundida anoche por el programa "Fantástico", de la red televisiva brasileña Globo, Saboia sostuvo que tomó la decisión de organizar la salida "porque había riesgo inminente a la vida y a la dignidad del senador".
Según "O Globo", sin embargo, asesores de Rousseff aseguraron que las explicaciones no convencieron a la mandataria, quien indagó qué cuidados médicos han sido brindados a Pinto tras su llegada a Brasil: "La respuesta fue que él no había sido llevado a ningún hospital ni al médico".
Además, el informe destaca que Rousseff recién se enteró del operativo después de la llegada del senador boliviano a Brasilia, y que consideró la operación como "un desastre".
Para la mandataria, el episodio representó "un quiebre de jerarquía y, principalmente, un quiebre del principio internacional de asilo".
La salida clandestina de Pinto generó enojo en el gobierno boliviano, que envió una nota diplomática a la representación brasileña en La Paz para exigir explicaciones sobre el incidente, que calificó de "grave".
"No puede ser que al amparo de la inmunidad diplomática se trasgredan normas nacionales y normas internacionales, facilitando en este caso la huida, la salida irregular del país del senador Roger Pinto Molina", dijo el canciller boliviano David Choquehuanca.
"Es grave lo que ha pasado", dijo Choquehuanca, quien advirtió que "amparados en la inmunidad diplomática podemos llevar droga, traficar armamentos, tráfico de personas".
Brasil concedió asilo político al ex gobernador del Departamento de Pando hace más de un año, pero pese a ello Pinto seguía refugiado en la embajada porque el gobierno de Bolivia se negó a concederle el salvoconducto, argumentando que el legislador cometió varios actos de corrupción que le valieron una condena a un año de prisión.
Según el portal UOL, la salida de Pinto de la embajada involucró, además del encargado de negocios, a dos fusileros navales, cinco agentes de la policía federal (que recién se sumaron en territorio brasileño) y al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el oficialista Ricardo Ferraço.
Al llegar a la capital brasileña, el legislador boliviano expresó su gratitud: "Sólo puedo agradecer a la presidenta Dilma y al pueblo y toda la sociedad brasileña por haber comprendido lo que pasaba conmigo. Entendieron que había ausencia de justicia y que yo, un senador de la oposición, era un perseguido".
Al mismo tiempo, el senador de 53 años rechazó las acusaciones de corrupción que pesan en su contra: "No soy un delincuente, ni un perseguido por la Justicia de mi país, sino un perseguido por el gobierno de Bolivia. Esa es la realidad".
