Rousseff destituye a más funcionarios públicos por nuevos casos de corrupción
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Dilma Rousseff.
En cuanto a los directores de las agencias reguladoras acusados, la jefa de Estado determinó tanto su separación de los cargos como la apertura de procesos disciplinarios.
Novoa de Noronha fue nombrada como jefe del Gabinete de la Presidencia en Sao Paulo en 2003 por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Rousseff la mantuvo en el cargo cuando asumió.
La funcionaria, acusada de tráfico de influencias y corrupción, había sido secretaria del ex ministro de la Presidencia José Dirceu, quien este mes fue condenado a diez años y diez meses de cárcel en el mayor juicio por corrupción ya realizado en el país, que se conoce como el mensalao.
También fue destituido José Weber Holanda, el segundo funcionario en la jerarquía de la Abogacía General de la Unión.
La Policía Federal llegó a realizar una inspección el viernes en la sede del Gabinete de la Presidencia en Sao Paulo para buscar documentos que puedan ser usados como pruebas.
La red de corrupción, de acuerdo a las investigaciones, sería encabezada por los hermanos Paulo y Rubens Vieira, el primero director de la Agencia Nacional de Aguas y el segundo de la Agencia Nacional de Aviación Civil, dos de los arrestados el viernes y que también perdieron los cargos.
La organización también tendría ramificaciones en la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (Antac), en la Secretaría del Patrimonio de la Unión (SPU), el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y el Ministerio de Educación.
Según el superintendente de la Policía Federal en Sao Paulo, Roberto Troncon Filho, el grupo recibía propinas de empresarios para agilizar el papeleo en procesos de su interés y elaborar informes técnicos "a la medida" para favorecerlos.
La organización comenzó a ser investigada en marzo de este año a partir de la denuncia de un funcionario del TCU que confesó que le ofrecieron 300.000 reales (unos 145.000 dólares) por elaborar un informe técnico que beneficiara a un grupo empresarial.
El funcionario aceptó y recibió parte del pago, pero después se arrepintió, devolvió el dinero y denunció lo ocurrido a la Policía Federal.



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