Sacude a la Casa Blanca el escándalo de los fiscales

"Buenas noticias. Khalid Sheikh Mohammed admitió que fue él quien echó a los fiscales estadounidenses por razones políticas", le dice el secretario de Justicia Alberto González a Karl Rove, principal asesor de George Bush. Una ironía del humorista Sandy Huffaker, en el sitio Caglecartoon, que alude tanto a la necesidad de la Casa Blanca de encontrar un chivo expiatorio para este escándalo.

Washington (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - El presidente George W. Bush manifestó ayer su férrea oposición a un intento del Congreso para lograr testimonios bajo juramento de funcionarios vinculados al escándalo por la destitución de ocho fiscales federales. Las declaraciones surgieron en momentos en que salían a la luz documentos que comprobarían la participación de la Casa Blanca en la polémica medida.

«Me opondré a cualquier intento de citación a funcionarios de la Casa Blanca», dijo Bush en un comunicado. «No iremos con esta expedición de pesca partidista», aseveró el mandatario luego de que el presidente del Comité Judicial del Senado, el demócrata Patrick Leahy, dijera que solicitará la comparecencia en el Congreso del secretario de Justicia (fiscal general), Alberto González, y la ex asesora legal del gobierno, Harriet Miers, entre otros.

El asesor legal de la Casa Blanca, Fred Fielding, se reunió el lunes con Leahy, el demócrata John Conyers, y miembros de los comités judiciales de ambas cámaras, para analizar con ellos la forma de darles la información que solicitan.

Leahy aplazó hasta mañana un voto en el Comité del Senado sobre la posible emisión de citaciones forzosas a las personas implicadas, para escuchar antes a Fielding. No obstante, el senador aclaró que no desea una comparecencia en privado de los altos funcionarios. «Quiero un testimonio bajo juramento. Estoy cansado de oír medias verdades» sobre el despido de los fiscales, dijo Leahy. Harry Reid, líder de la mayoría demócrata del Senado, acusó a González, el latino de mayor jerarquía en el gobierno, de haber mentido sobre los motivos de los despidos, y afirmó que las razones fueron en realidad de carácter político. «Nunca en la historia de este país había ocurrido algo como esto. Creo que es ilegal y González debería ser despedido o tendría que renunciar», añadió.

El despido de ocho fiscales se produjoen diciembre y tomó aristas de escándalo al saberse que funcionarios del Departamento de Justicia y la Casa Blanca planearon en detalle su salida. Según trascendió, se removieron fiscales considerados «desleales» al gobierno del presidente Bush -algunos, incluso, investigaban presuntos delitos de dirigentesy legisladores republicanos- para llenar luego las vacantes con funcionarios fieles al Poder Ejecutivo.

Mientras tanto, los medios locales seguían divulgando detalles del escándalo. Después de que el Departamento de Justicia hubo entregado el lunes a la noche a los investigadores del Congreso más de 3.000 mensajes electrónicos internos, la cadena de televisión «ABCNews» afirmó que éstos demuestran la implicación de la Casa Blanca «desde el principio» en las remociones, motivadas por causas políticas y no profesionales.

Preocupación

Los e-mails demostrarían que el gobierno estaba preocupado por las posibles derivaciones políticas de los despidos, en especial en referencia a algunas víctimas particulares de la purga, como el fiscal Bud Cummins, de Arkansas, quien fue removido para hacer lugar a un protegido de Karl Rove, el principal asesor político de Bush.

Más allá de que el presidente reiteró ayer su respaldo a González, cobraron fuerza las conjeturas sobre la inminencia de la dimisión de éste y los medios de comunicación comenzaron a barajar los nombres de sus posibles sucesores.

Durante la tarde, González recibió un duro revés por parte del Senado, que le recortó el poder de designar nuevos fiscales de manera unilateral. La mayoría de los senadores del oficialismo republicano se sumó a la oposición para votar con un abrumador 94-2 final una ley que limita al Departamento de Justicia en la designación de fiscales federales, imponiéndole que sólo puede hacerlo de forma interina y por 120 días, requiriendo luego la confirmación del Congreso. Bush lleva a cabo una pulseada a brazo partido sobre el tema de Irak con la mayoría demócrata, que quiere acelerar la retirada de las tropas. Esto y la crisis por los fiscales han derrumbado su índice de popularidad a 25%.