Washington (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - El vicepresidente de EE.UU. volvió a estar ayer envuelto en una tormenta política, cuando el comité judicial del Senado lo llamó a declarar junto con otros funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado sobre el polémico programa de escuchas telefónicas sin autorización judicial.
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Con estos llamados, firmados por el presidente del comité, el demócrata Patrick Leahy, los legisladores buscan obtener información sobre las supuestas discrepancias en el seno del gobierno de George W. Bush sobre la legalidad de dichas escuchas.
Hasta ahora, el programa, instaurado tras los atentados del 11 de setiembre de 2001 por la Agencia de Seguridad Nacional, permitía realizar ese espionaje sin una orden judicial.
La citación incluye, además, un pedido de entrega de documentos como los vinculados a la autorización de programas de escuchas y sobre cualquier acuerdo entre el gobierno de Bush y empresas de telecomunicaciones al respecto, indicó la comisión.
Peticiones
Leahy, había realizado previamente numerosos pedidos de información sobre la medida. «En los últimos 18 meses, esta comisión hizo al menos nueve peticiones formales al Departamento de Justicia y a la Casa Blanca», aseguró en una carta a los asesores de Bush.
«Todas las peticiones fueron rechazadas. Nuestros intentos por obtener información a través de los testigos del gobierno se encontraron con un consistente patrón de evasión», agregó. «El gobierno no puede detener la tarea del Congreso de cumplir con su labor constitucionalcon actitudes de secreto y privilegio.»
La Casa Blanca deberá cumplir con el pedido para el 18 de julio. El vocero de Bush, Tony Fratto, dijo: «Es desafortunado que los congresistas demócratas continúen eligiendo la ruta de la confrontación».
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