Seria autocrítica de la izquierda chilena por golpe

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Santiago de Chile (EFE) --Luis Guastavino, ex colaborador del fallecido presidente chileno Salvador Allende (1970-1973), dijo que quienes participaron del gobierno de la Unidad Popular (UP) tienen gran responsabilidad en el golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet en 1973 y en los hechos posteriores.

En una entrevista que publicó ayer el diario «El Mercurio», Guastavino, quien hoy es militante socialista y gobernador de la región de Valparaíso, dijo que el golpe lo dieron todos los chilenos, pero en particular los sectores políticos.

«Tenemos una responsabilidad que no sólo cae sobre los que se hicieron cargo del país. La política que llevamos en los tiempos finales (...) iba inevitablemente a un choque que tenía que producir efectos tremendos»,
señaló el tres veces diputado de la República por el Partido Comunista en las décadas de los años '60 y '70.

• Responsabilidad

«Yo instigué.Yo hacía discursos incendiarios.Yo levantaba a la gente. Organizaba juntas de vecinos, sindicatos, poblaciones, estudiantes. Es una responsabilidad tremenda (la mía)», destacó, aunque advirtió que no es una responsabilidad «delictiva».

El funcionario subrayó que el Partido Comunista llegó en los años '70 a un «punto sin retorno», al igual que todos los sectores de la izquierda chilena, incluida también la Democracia Cristiana
.

«En la UP -recordó el políticosepostulaba honestamente el socialismo, donde no iba a haber sino una educación, una televisión, un diario, una filosofía, un partido único, todo lo que ocurría en el socialismo real.»

«Yo no tengo que ver con ningún acto de sangre. Pero murió mucha gente» durante y después del golpe, indicó el gobernador, que fue un activo opositor a la dictadura de Pinochet (1973-1990) y sufrió diez años de exilio.

Según el informe Rettig, que en 1991 documentó las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen militar, en Chile se registraron 3.197 víctimas, de las cuales 1.192 corresponden a detenidos desaparecidos.

Las agrupaciones de derechos humanos han denunciado que en ese período al menos 800.000 chilenos padecieron prisión, tortura o exilio.

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