Sistema inmerso en grave crisis

Independientemente de sus causas, el accidente de anoche en el aeropuerto de Congonhas, en San Pablo, se dio en el contexto de una aguda crisis del sistema aerocomercial brasileño, dada por un quite de colaboración de los controladores que derivó en los últimos meses en masivas cancelaciones de vuelos y en una cortocircuito entre el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y los militares.

Todo comenzó el 29 de setiembre del año pasado, con el accidente de un avión de GOL en plena selva amazónica, que costó la vida de sus 154 ocupantes. El Boeing había sido rozado en pleno vuelo por un pequeño jet privado, piloteado por estadounidenses, quienes fueron responsabilizados de la tragedia por las autoridades.

Pero también quedaron en la mira cuatro controladores que estaban en ese momento de guardia, por lo que las investigaciones pusieron de manifiesto las serias fallas en los sistemas y equipos de control del tráfico aéreo en Brasil.

Desde entonces, los controladores hicieron sucesivas huelgas y pusieron en marcha una política de quite de colaboración, actos que en numerosas ocasiones desquiciaron el tráfico aéreo en el país. Reclamaban mejoras salariales y su paso a la órbita civil, lo que suponía dejar de servir dentro de la estructura jerárquica de la Fuerza Aérea. Además, denunciaban que se veían forzados a trabajar con equipos obsoletos y con una serie de graves fallas derivadas de falta de inversión y otras deficiencias.

Lula da Silva pareció inicialmente aceptar el reclamo de la desmilitarización del sector, pero la continuación de las protestas y las severas advertencias militares acerca de un resquebrajamiento de la autoridad militar lo hicieron cambiar de opinión.

Situación extrema

Así, el 22 de junio último, el mandatario reconoció que la crisis de la aviación civil había llegado a «un momento de extrema gravedad» y ordenó la suspensión de los controladores aéreos que venían participando en las huelgas. El anuncio fue hecho por un fortalecido comandante de la Fuerza Aérea, Juniti Saito, tras una reunión con Lula da Silva.

Saito también admitió entonces que la crisis era de «extrema gravedad» y atribuyó los inconvenientes «al comportamiento repetitivo de algunos controladores», que «ha traído nuevos y preocupantes problemas para la actividad aérea en el país».

Según el jefe militar, «de forma intransigente, un pequeño grupo de sargentos controladores se ha rehusado a trabajar con los equipos disponibles para las actividades de control», lo que consideró que «es inaceptable, porque viola el derecho de las personas a ir y venir y causa un enorme sufrimiento a la sociedad».

Saito explicó que Lula ha determinado que los controladores que se han rebelado sean apartados de sus cargos y que se los sancione según establecen las leyes.

Aunque muchos de los controladores son civiles, la actividad de control aéreo en Brasil está militarizada, estatus que los propios funcionarios exigían que fuera revisado, sobre todo porque limita sus salarios a lo que gana un sargento de la Fuerza Aérea.

En virtud de la orden presidencial, el presidente y el vicepresidente del sindicato de los controladores fueron arrestados debido a que habían brindado declaraciones a la prensa sin autorización de sus superiores.