Montevideo (ANSA) - Jorge Vázquez, prosecretario de la Presidencia uruguaya y hermano del presidente Tabaré Vázquez, sumó ayer su firma para la anulación de la Ley de Caducidad, en vigor desde 1986, que impide juzgar crímenes de la dictadura (1973-1985).
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Vázquez aclaró que suscribió el petitorio no como funcionario, «sino como ciudadano de este país que está buscando una nueva instancia donde puedan darse a la luz cosas que todavía no se han podido aclarar, como es la desaparición de compañeros». Asimismo aclaró que no realizó consulta previa alguna al mandatario, férreo opositor a la anulación.
El fin de la Ley de Caducidad ( amnistía) busca «un reencuentro entre todos los uruguayos sobre bases firmes de paz, de tranquilidad, de solidaridad y pensando en un Uruguay mejor sin estos antecedentes que le hacen mucho mal al país, en cuanto a no poder recomponer su historia», señaló.
En desafío a la posición del presidente-Vázquez, varios de los partidos que conforman la alianza del Frente Amplio
- Comunista, Por la Victoria del Pueblo y Obrero Revolucionarioaprobaron a comienzos de mes la adhesión de esa fuerza a la campaña de anulación de la ley.
El gobierno de Vázquez se comprometió a mantener la norma aprobada en 1986 durante el gobierno de Julio Sanguinetti (1985-1990) que fijó que delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura, incluidas violaciones a los derechos humanos, quedaran amnistiados salvo excepciones.
En 1989 los uruguayos votaron en un plebiscito el mantenimiento de la ley, pero ahora se intenta sumar las casi 260 mil firmas -por ahora hay unas 75 mil-necesarias para una nueva convocatoria.
La campaña -cuyos resultados preliminares se divulgarán el 1 de mayoes impulsada por la central sindical PIT-CNT, abogados defensores de los derechos humanos, grupos sociales y dirigentes políticos.
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